Luego de lo que fue el inexplicable pedido de parte de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), de un incremento del 25% en la tarifa de la deplorable prestación que la empresa hace a los tucumanos, desde Fuerza Republicana solicitaron un informe acerca del aumento en el servicio de agua. El mismo, fue dirigido al presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, vivienda y transporte, Enrique Caponio.
La presentación estuvo a cargo de los legisladores Ricardo Bussi y Horacio Vermal. La intención es que la solicitud llegue a manos del Ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Juan Luis Fernández, para que brinde información acerca de las causales que lleven a justificar tamaño aumento de tarifa en medio de la crisis que atraviesa la provincia y el país a raíz de la pandemia mundial de coronavirus que nos azota.
Y es que, uno de los considerandos que no pasaron desapercibidos desde el bloque legislativo de Fuerza Republicana, fue el hecho de que hasta el momento jamás fue enviada la información requerida en torno al destino dados a los fondos por el cargo especial de infraestructura desde el año 2001 hasta la fecha. En esa línea, cabe recordar que tampoco se envió dato alguno acerca del detalle de las obras de infraestructura realizados por la empresa.
En ese marco, desde el espacio opositor consideraron que el aumento del 25% en la tarifa de agua, no se relaciona con criterios razonables que justifiquen el monto anunciado. Sobre todo, teniendo en cuenta que la SAT no brinda información alguna acerca de los destinos de los fondos que percibe, así como en lo que hace a las obras que realiza o planea llevar a cabo con el propósito de brindar soluciones reales.
Además, desde Fuerza Republicana se dejó en claro que el servicio que presta la empresa es deficiente en la totalidad de las localidades de la provincia. Pero, sobre todo, el espacio opositor en la Legislatura de Tucumán dejó sentada su posición acerca de lo desacertado que es introducir un aumento como el pretendido por parte de la compañía, más cuando se da en conjunto con los otros servicios públicos esenciales como son la luz y el gas. Y es que resaltaron el contexto en el que se pretende introducir el incremento, ya que los ciudadanos se encuentran padeciendo los efectos económicos devastadores como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Por último, dejaron sentado que no existe criterio de oportunidad, razonabilidad y lógica alguna para hacerlo, sobre todo, considerando el discrecional manejo en el que incurre la SAT, lo que impide conocer el destino de los fondos.
