Apenas 24 horas separan al país de lo que será una decisión crucial para el destino institucional de Argentina. Y es que será la Corte Suprema de la Nación la que deberá definir la postura que adoptará la Justicia ante el avasallamiento que pretenden llevar a cabo el presidente, Alberto Fernández y la titular del Senado, Cristina Kirchner. En el medio, una sociedad expectante aguardará el resultado de una situación que llegó al límite.
En estos momentos, los integrantes del máximo tribunal están en el ojo de la tormenta y lo saben. Están conscientes de que la gran mayoría de los ciudadanos han despertado y empoderados de una institucionalidad raquítica por culpa de la voracidad de poder que exhibió siempre el kirchnerismo. Pero esta vez, hay algo diferente que se respira en el aire: la única intención de conseguir la impunidad para ella y los suyos.
Esta vez, el poder político intentará asestar el golpe definitivo a la Justicia, ya que es el último de los tres poderes que integran la República que les falta conquistar. La misma, ha visto degradadas sus instituciones al punto de que la intención del kirchnerismo es replicar lo que ha sucedido en el Senado, es decir, convertir a la Justicia en apenas poco más que una escribanía del poder político de turno, el cual, buscaría la impunidad de forma desesperada.
Este es el contexto en el cual los cinco integrantes de la Corte Suprema saben que, no sólo el destino del país está en juego, sino también su propia carrera. Y es que saben que, en caso de enojar al oficialismo, la furia del kirchnerismo se abalanzará sobre ellos, cuyos puestos podría ser designados para otros jueces más afines al poder político para que se haga la voluntad de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández.
Pero, sobre todo, los magistrados del máximo tribunal están conscientes de que el pueblo argentino los considerará traidores a la patria en el caso de que no respalden a los jueces que investigan a la vicepresidenta en sendas causas de corrupción. La sociedad no tolerará que los propios representantes de la Justicia sean los que le entreguen en bandeja de plata las cabezas de los tres magistrados que molestaron al poder.
Para muestra basta un botón, ya que el propio juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, recibió bocinazos en su casa en la localidad de Rafaela, Santa Fe. Y es que la sociedad quiere demostrar que la única presión que deben enfrentar es la de sus conciencias, el peso que deberán soportar no es el de un Gobierno, sino el de la propia Constitución Argentina, que exige la clara y contundente división de poderes para que pueda funcionar la República. En manos de los magistrados del máximo tribunal nacional está la posibilidad de apretar el botón rojo con el cual comenzar a ponerle un freno, acaso definitivo, a la hora de detener la intromisión del Poder Ejecutivo. Para que el Gobierno entienda de una vez que no es potestad suya la decisión de remover jueces de sus lugares sólo por el hecho de que lo investiga. En apenas 24 horas, se podrá comprobar si la Justicia se inclina en favor de la República o de la vergüenza.
