Tucumán sufre de otra pandemia además de la del coronavirus, es la de la contaminación de la Justicia. En las últimas horas, una serie de hechos han vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de repensar la forma en la que la sociedad deberá hacerle frente a esta falencia de un poder clave para el Estado. Sin ir más lejos, ayer la Justicia local excluyó los audios de Enrique Pedicone en la causa contra Daniel Leiva desarrollada a partir de la denuncia realizada por el juez de impugnación.
De esta manera, los audios que escuchó el país y en los que quedó grabada la auto implicación del propio Leiva como un servil del poder político, sufrieron la exclusión probatoria clave, tal y como lo solicitó el mismísimo vocal de la Corte Suprema por medio de su abogado defensor Esteban Jerez. De esta manera, parecería estar marcado el destino del ex camarista, al que le están haciendo pagar el hecho de haber revelado la trama oculta del poder en Tucumán.
Pero también, desde este medio dimos cuenta ayer del caso en el que el juez penal Julio Dante José Ibáñez fue sentenciado a cumplir con el desalojo del inmueble que habría usurpado junto a su sobrina. De esta manera, la Justicia lo consideró un okupa más, y le dio un plazo de diez días para que abandone la propiedad que habita de manera ilegal. ¿Un magistrado de esta clase puede ostentar legitimidad a la hora de establecer alguna sentencia?
Sólo en un contexto de alta contaminación de la Justicia se puede entender por qué todavía no cumplió con su deber de avanzar con el trámite judicial que debe establecer el sorteo de fecha y tribunal para que se lleve a cabo el juicio oral al legislador del oficialismo provincial Jorge Yapura Astorga. Esto, a pesar de que la propia titular de la Corte Suprema, Claudia Sbdar, recibió una carta documento enviada por el denunciante de la causa hace 10 días. Sin embargo, esta no es la única demora.
Y es que, para colmo, hace más de dos meses que se encuentra firme el fallo que obliga al ex intendente de Tafí del Valle a ser sometido ante la Justicia, por medio de un juicio oral y público. Cabe aclarar que en el mismo, deberán comparecer también otros siete coimputados de su entorno más íntimo, como es el caso de su concubina, Nerina Julieta Mustafá, de su hijo, Jorge Eduardo Yapura Astorga, su primo y ex Director Jurídico de la Municipalidad de Tafí del Valle, el abogado Sergio Andres Astorga.
Pero aún hay más, la lista continúa:
Y es que el círculo se completa con la ex secretaria de gobierno de la Municipalidad de Tafí del Valle y actual presidenta del Concejo Deliberante tafinisto, Sonia del Carmen Saavedra; el ex jefe de compras de esta misma entidad, Juan Ramón Silva; el ex Contador General de ese municipio, Julio Antonio Mercado y el ex Tesorero, Oscar Olayo Medina.
Los delitos que se les imputan al ex intendente y hoy legislador oficialista Jorge Yapura Astorga y a su “equipo de trabajo” son los de Enriquecimiento Ilícito, Coautor De Los Delitos De Incumplimiento De Los Deberes De Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita. ¿Acaso no revisten la suficiente gravedad como para que la Justicia haga algo?
Este escenario depara inevitablemente algunos interrogantes. ¿Acaso se estaría preparando el terreno para propiciarle algún tipo de escapatoria a Yapura Astorga? De ser así, ¿Vendría de parte del Poder Judicial, cuya Cámara legislativa se encargó de protegerlo desde el minuto uno por medio de una cerrada defensa corporativa? Algo así como en el caso Leiva Pedicone, donde tenga lugar un juicio político contra la Justicia que investigó al legislador.
¿Acaso la Corte Suprema tendrá la intención de enjuiciar a Yapura Astorga, pero es el poder político el que podría estar presionando a los magistrados para que no actúen conforme la ley lo establece? ¿La presidenta del máximo tribunal, Claudia Sbdar, quien también integra la Comisión Beraldi de reforma de la justicia federal, estará recibiendo “instrucciones” con el fin de dilatar el proceso judicial que debe enfrentar el legislador oficialista lo más que se pueda?
¿O en realidad, la situación es más simple de lo que pensamos y no existe presión de ninguna clase, sino que más bien se trata de un hecho en el que entre el Poder Judicial y el poder político existe un acuerdo tan tácito como espurio de defenderse entre sí a como dé lugar? Mientras tanto, el tiempo pasa y una justicia que llega a destiempo es injusticia. Justamente, ¿Será la injusticia lo que se hará realidad en el caso de Yapura Astorga?
Dra. Claudia Sbdar, la Corte Suprema que usted preside, se encuentra muy cuestionada por graves hechos que involucran a dos de sus vocales, es su deber transmitir transparencia y tranquilidad a todos los tucumanos, ¿o la causa del legislador oficialista Jorge Yapura Astorga también terminará siendo un escándalo por la inacción de quién preside esa Corte?
La sociedad espera su intervención.
O será que los tucumanos tienen que resignarse que la justicia es como dice este viejo refrán:
“La Justicia es como la víbora, sólo pica al que esta descalzo”
¿SERA JUSTICIA DRA. CLAUDIA SBDAR?
