Sin dudas de que la Justicia de Tucumán vive uno de sus peores momentos de su historia, en lo que hace a la calidad institucional. En ese marco, trascendió la información de que el Colegio de Abogados de la Capital, recibió un importante reto en la posibilidad de haber detectado machismo en el seno de esta entidad. Cabe destacar que el reproche judicial se da en un contexto especial debido a que existe un proceso de renovación parcial de autoridades.
Aunque el fallo todavía no está firme, la jueza Ana María Mena advirtió que observó lo que denominó una suerte de sesgo machista en lo que hace a la decisión tomada por el Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán de sancionar a una empleada en paticular. Y es que la misma había atribuido en el pasado reciente nada más ni nada menos que una serie de actos de acoso al secretario Guillermo Arévalo, quien está suspendido de manera definitiva.
La magistrada también dejó sin efecto los descuentos practicados a la empleada y condenó a la entidad a abonar el salario caído actualizado con la tasa activa desde el instante de comienzo de la deuda hasta su efectiva cancelación y las costas del proceso. La razón de esta suspensión por 30 días sin goce de sueldo aplicada a la administrativa, que denunció a Arévalo, fue tomada luego de un sumario instruido por los consejeros Julia Chara e Ignacio Chasco Olazábal.
Ambos, habían llegado a la conclusión de que había habido “un acoso sexual y laboral atenuado por la complejidad de las circunstancias fácticas”. Fueron varios quienes votaron a favor de descartar el acoso, tal es el caso de los consejeros Marcelo Fenik, Mariano Danesi, Carlos Casal, Flaviana Yubrin y Pablo Caram. Sin embargo, otros sostuvieron el dictámen, Félix Gutiérrez, Pablo Cifre y Chasco Olazábal.
Entonces, la conclusión a la que arribó la jueza Mena, fue que en el proceso que comenzó la trabajadora para discutir su sanción, “tanto al momento de tratar si correspondería una sanción para la empleada, como cuando decidieron cuál debía ser esta, prevalecieron las ‘decisiones masculinas’ sobre las ‘femeninas’”. Mientras que el abogado del Colegio de Abogados de la capital, Antonio Severo Tejerizo, aseguró que no había habido acoso.
Incluso, se dio el lujo de afirmar que en todo momento se observaron las normas para erradicar la violencia contra la mujer. Sin embargo, la jueza Mena señaló que “algunos comportamientos patronales son tolerados en silencio por las trabajadoras por el temor a enfrentar a sus superiores”. Además, agregó que “la ocasión justificaba la instrucción de un sumario específico para analizar la conducta de la empleada”, algo que no sucedió.
De esta forma, y en definitiva, la jueza Ana María Mena, no sólo borró la sanción impuesta a la trabajadora que denunció el acoso sexual en su ámbito laboral. Sino que también ordenó que el personal y el cuerpo directivo del Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán, se capaciten en violencia contra la mujer. El objetivo será que una situación como la transcurrida en la entidad, no vuelva a tener lugar en el futuro.
