Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
La semana que pasó, comenzó con la palabra en exclusiva de Indiana Cruz, la esposa del intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva. Confirmó que el mandatario municipal estuvo complicado en lo que hace a su salud, luego de haber contraído coronavirus, pero que se encuentra en franca recuperación. Justamente, de esta afección, se colgó el clan Yapura Astorga para pergeñar nada más ni nada menos que un intento de golpe de Estado.
Cabe recordar que hace menos de diez días, en este medio publicamos que el nefasto legislador oficialista y procesado por corrupción Jorge Yapura Astorga, intentaba dar un golpe de Estado al municipio de Tafí del Valle. No obstante, el legislador uso desde redes sociales, hasta medios de comunicación oficialistas, para intentar justificar ese accionar. Pero poco le duró la puesta en escena, debido a que durante el transcurso de la semana pusimos en evidencia las maniobras que pretendía llevar a cabo, desde Tucumán Despierta.
Señalamos que el procesado ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga fue acompañado en esta fallida maniobra, por parte de los legisladores Tulio Caponio, Dante Loza, Daniel Deiana y Javier Morof, quienes carentes de toda lealtad democrática fueron funcionales a él, por medio de un proyecto de resolución que ingresó por mesa de entradas de la Legislatura, apenas tres días antes de que este medio sacara a la luz el espurio accionar.
Para lograr tan deleznable objetivo golpista, ingresaron un proyecto de resolución en la Legislatura provincial, con un artículo que no correspondía de la ley orgánica de municipalidades de la provincia de Tucumán, es decir, la ley 5.529, el Art. 40. Justamente, ese artículo “destituía” al actual intendente. Pero algo ocurrió luego de que en nuestra nota del pasado sábado 28 de noviembre, advirtiéramos estas maniobras.
El problema es que la mala intención del inescrupuloso de Yapura Astorga, pasaba por el artículo 40 de la Ley 5529, con el fin de que la también procesada y elevada a juicio oral por delitos de corrupción, Sonia Saavedra, tenía que asumir la intendencia interinamente, por ocupar el cargo de presidenta del Concejo Deliberante de Tafí del Valle, pero el equivocado artículo que pretendían imponer, la dejaba al mando del municipio, ya que el mismo destituía al actual intendente. Esta normativa pretendía ser usada por el clan Yapura Astorga y sus amigos legisladores para dar el golpe institucional perfecto.
Lo que sucede con este artículo, es que el mismo se utiliza “únicamente”, cuando se dan las causales de: “muerte, destitución, renuncia, inhabilitación o cualquier otra causal que produzca la vacancia del cargo del Intendente”. El caso es que ninguna de las mismas, surgen para esta circunstancia, dado que el intendente actual se encuentra recuperándose de COVID-19.
Es tal la ruindad de estos autores, que el único y repudiable objetivo que tenían era el de sacar del cargo definitivamente al actual intendente y tomar el poder del municipio de Tafí del Valle, en manos de la concejal procesada Sonia Saavedra, integrante del clan, y quien también debe rendir cuentas a la Justicia en un juicio oral, que se encuentra con sentencia firme . Sin embargo, desde Tucumán Despierta alertamos de esta intención y todos los propósitos de estos procesados se derrumbaron en un santiamén.
Pero el día martes 01 de diciembre, subieron las autoridades del Ministerio del Interior de la Provincia, y le exigieron a la procesada por corrupción Sonia Saavedra que debía tomar el cargo con lo establecido en el artículo 42 de la citada ley. De todas formas, la presidenta del Concejo se habría negado y seguía pretendiendo que se implementara de forma ilegal el artículo 40 para destituir al intendente actual.
Con el pasar de las horas, la concejal “entendió” que debía tomar el cargo hasta que se reincorpore el mandatario elegido por el pueblo, algo que no es más que la pura lógica. De esta manera, tuvo fin el plan golpista de Jorge Yapura Astorga que pergeñó junto a su clan y con la inestimable colaboración de los legisladores oficialistas Tulio Caponio, Dante Loza, Daniel Deiana y Javier Morof.
Fue tal el nivel de exposición que tuvo Yapura Astorga esta semana, que su nerviosismo le jugó una mala pasada y lo llevó a desenmascararse solo. Y es que en una entrevista, realizó violentas declaraciones en contra de la asesora letrada del Ministerio del Interior de la provincia, a cargo de Miguel Acevedo, a la que llamó “BURRA”, pisando la Ley Micaela que rige en todo el territorio nacional y agregándole el desmérito de ser también un misógino y habría incurrido en violencia de género con sus palabras.
Esta normativa tiene el objetivo de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Algo que evidentemente le hace falta al ex intendente de Tafí del Valle, luego del ataque misógino que realizó en contra de asesora letrada del Ministerio del Interior. El ataque de parte del representante del pueblo, confirma su condición de ignorante en lo que hace a esta ley, que en Tucumán fue impulsada por el proyecto del propio oficialismo.
Es por ello que desde este medio, nos preguntamos si este nefasto personaje de la política, quedará libre de algún tipo de sanción por su deleznable comportamiento. Además, ¿Con qué autoridad moral ejerce violencia a una mujer profesional, cuando él se encuentra procesado y elevado a juicio oral por delitos de corrupción? Por haber cometido una falta grave en contra de la ley Micaela, Yapura Astorga debería recibir una sanción ejemplificadora.
Y la misma debería venir de parte del titular del Gobierno provincial, Juan Manzur, y de parte del presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. Y es que, además de ofender, se aprovechó de su posición de poder e impunidad que le da el cargo de legislador y habría ejercido violencia de género, mediante la cual denigró a una mujer. Sabido es que la Legislatura protege a Yapura Astorga por corrupto. ¿También lo protegerán porque habría ejercido violencia de género?
Justamente, la violencia de género, también salpicó al Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán. Y es que la jueza Ana María Mena no sólo borró la sanción impuesta a la trabajadora que denunció el acoso sexual en su ámbito laboral. Sino que también ordenó que el personal y el cuerpo directivo de la entidad capitalina se capaciten en violencia contra la mujer. El objetivo será que una situación como la transcurrida en la entidad no vuelva a tener lugar en el futuro.
Y como si esto fuera poco, en la semana la sociedad tucumana se sorprendió luego de que trascendiera que Osvaldo Jaldo se ofendió debido a que el camarista Enrique Pedicone expresó su malestar para con la institución que lo juzgará. Fue por ello que desde este medio nos preguntamos ¿Cuál es la honorabilidad de la Legislatura que ofendió Pedicone? Una incógnita que debería ser respondida por el propio Jaldo.
El vicegobernador tendría que saber que más ofensiva resulta la protección que le otorga a Jorge Yapura Astorga, alguien que ha gozado de la impunidad que hasta misma Justicia le estaría otorgando, al no haber fijado hace tiempo la fecha y hora del comienzo de su juicio. Para finalizar, nos preguntamos nuevamente: ¿Fue una jugarreta el haberle fijado el juicio oral, a sabiendas de que jamás se llevaría a cabo en los hechos, porque se tendría “todo arreglado”, para que este inescrupuloso legislador oficialista y todo su clan no sean jamás condenados?
