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“Debemos dejar que los presos abran empresas”

Parodi, director del penal uruguayo de Punta de Rieles, y el juez Juliano bregaron por cárceles que den mejores frutos.

JUEZ PENAL. El magistrado bonaerense Mario Juliano.
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En Montevideo existe una prisión denominada “cárcel pueblo” que oficialmente se llama Unidad Nº 6 de Punta de Rieles. Su director, Luis Parodi, aplica desde hace siete años un método de rehabilitación que incentiva la creación de emprendimientos productivos. Este enfoque convirtió a Punta de Rieles en un modelo para una región con sistemas penitenciarios colapsados o directamente inhumanos. Mario Juliano, juez en lo Criminal Nº 1 de Necochea (Buenos Aires), dice que, en ese contexto de fracaso, la experiencia de Parodi adquiere gran relevancia. Tras dictar una capacitación en el Poder Judicial, ambos visitaron LA GACETA y formularon un mensaje que rompe el molde. “Debemos dejar que los presos abran empresas”, propuso Parodi.

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En Punta de Rieles hay presos con proyectos de peluquería, tatuajes, gastronomía y construcción: algunos tienen ingresos mayores que el propio Parodi. “Llegan y dicen qué quieren hacer. A mí lo que me interesa es el ejercicio de pensar en esa dirección. Uno, por ejemplo, es tan bueno con la reparación de barcos que lo convocaron de la Federación de Remo de Uruguay”, ejemplificó el director.

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Según Juliano, esta actividad permite que los sistemas penitenciarios obtengan mayores frutos. “Tenemos que marchar hacia allí tanto para el beneficio de quienes están privados de la libertad como para el del resto de la sociedad, que sostiene las cárceles costosas de nuestros días por medio de sus impuestos”, observó el juez. Y destacó la formación de pedagogo de Parodi, con quien disertó en un programa del Centro de Especialización y Capacitación del Poder Judicial, y del Consejo Asesor de la Magistratura (también expuso el docente local Guillermo Puig). Juliano añadió que en Uruguay existía el antecedente de cárceles a cargo del Ministerio de Educación y que en ese país estaban tratando de volver a aquel esquema institucional.

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“En la Argentina debe haber alrededor de 80.000 personas presas. Cada provincia se organiza de manera distinta, más allá del sistema penitenciario federal. Veo algunas experiencias alentadoras en un contexto general de sobrepoblación. Hay iniciativas interesantes de autogestión en las cárceles de Batán y de Campana (provincia de Buenos Aires), donde muchos se están ganando la vida. La seguridad es importante para que los presos no se escapen ni se agredan entre ellos, pero hay que poner el acento sobre lo que vulgarmente se conoce como el tratamiento: los privados de la libertad no son objetos, sino actores que deben ser tratados como tales”, dijo el juez.

Parodi luego contó su receta. Dijo que para él la cuestión era bastante sencilla: “hay que repensar para qué sirve la cárcel y qué hacemos con lo que pasa allí, y generar un espacio de respeto absoluto a los derechos de la gente, que nos dignifique a todos. Debemos dejar que los presos hagan cosas que hoy tienen vedadas como emprendimientos, empresas y asociaciones. Nosotros pretendemos que esta gente vuelva a una sociedad democrática y que no nos robe más, por lo tanto, la cárcel debe servir como un escalón para encontrar otros lugares de socialización que no sea el delito. Así de simple”.

La organización de Punta de Rieles genera ahorros en proyectiles y en salud pública. “Nuestro método abarata el mantenimiento de la cárcel porque los presos aportan dinero. Tenemos sólo 50 medicados en una población de 600, y no hay gente pinchada ni lastimada. El trabajo, por otra parte, repercute en la sociedad, en el barrio y en la familia de los privados de la libertad. Baja la conflictividad: ¿cuántas balas hemos tirado en siete años? Ni una”, relató Parodi. Y agregó que creía que ese abordaje del sistema penitenciario reducía la reincidencia, pero que no le correspondía a él probarlo. “Si lo hago yo, seguro que me da bien”, insistió.

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El director del penal de Punta de Rieles cuestionó ciertas premisas de los regímenes penitenciarios y de seguridad latinoamericanos. “Pedir a los mismos policías que andan corriendo a los ‘chorros’ que después los cuiden es increíble. Lo mismo que pedir al organismo menos democrático que hay que eduque en la democracia. No va a funcionar”, pronosticó.

En cuanto a la reacción de la comunidad a la particular manera de afrontar el tiempo de encierro en su cárcel, Parodi comentó que la gente que se acercaba a la propuesta quedaba enganchada, pero que los sectores políticos seguían lejos. “La gente tiene miedo y la dirigencia teme perder votos. Entonces, la política está volcada a la vigilancia y al control, que es lo más aburrido que he visto en mi vida porque nadie es capaz de controlar a un ser humano durante 24 horas: siempre termina haciendo otra cosa. Ese control va a fracasar siempre”, criticó. Y dijo que no quedaba otra que convencer sobre la necesidad de respetar ciertas reglas: “me molesta que la sociedad ya no crea en la acción política. No cree que si yo me vinculo contigo, voy a influirte y tú a mí. Se perdió esa militancia y capacidad para que nos influyamos recíprocamente. No estamos discutiendo la posibilidad de cambiar, sino la contención de lo que hay. Debemos debatir los códigos sin ingenuidad, pero convencer al otro de que no puede matar a su mujer. Si el preso no cambió en la cárcel, ¿qué estamos haciendo?”.

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