Pasaron ocho meses desde que Alberto Fernández definiera al gobernador de Formosa en los últimos 25 años, Gildo Insfrán, como de los mejores políticos y de los mejores seres humanos que conocía. Incluso, hasta se dio el lujo de agregar que la mayor obsesión del mandatario norteño es que sus comprovincianos vivan cada vez mejor. Sin embargo, lo que vino después no le dio la razón al Presidente.
Si es así, Insfrán lo disimula bien. A esta altura no hay dudas de que el modo en que su gobierno gestionó la cuarentena fue una suma de excesos, violaciones a los derechos humanos y despropósitos autoritarios. Un bochorno que sigue creciendo y cuya onda expansiva ya golpea la puerta de la Casa Rosada, la cual parece hacerse la distraída como si ni tuviera nada que ver con lo que ocurre en Formosa.
La secuencia es larga e incluyó a la mujer que manejó 3.000 km desde Chubut para visitar a su mamá enferma de cáncer, pero como fue retenida en el límite provincial, cuando pudo entrar su madre había muerto. También a Mauro Ledesma, que se ahogó en el río Bermejo mientras intentaba cruzar a nado entre Chaco y Formosa. Lo esperaban su mujer y su hija de 3 años. Había aplicado para entrar el 25 de agosto y su cuerpo fue encontrado el 11 de octubre.
Al drama se suman datos que certifican la escasa vocación de apertura. En octubre el gobierno formoseño se negó a autorizar los vuelos desde Buenos Aires, como sí lo hicieron las demás provincias; y este mes decretó el regreso a la estricta Fase 1 de la cuarentena, una excepción nacional, cuando en ningún otro lugar de la Argentina ocurre esto, sobre todo, teniendo en cuenta que Formosa es la provincia con menos casos de coronavirus.
La curva de excesos sumó el jueves las detenciones de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, quienes denunciaban el aislamiento de 22 días, único en el país a que son obligados quienes llegan a la provincia, y las condiciones de los centros sanitarios, en los que conviven pacientes con COVID-19 con personas sanas, faltan camas y todos comparten un baño. ¿Acaso no existe la posibilidad de contagiarse en un contexto así?
Ahora bien, cabe preguntarse, ¿Por qué la suma de abusos no encontró un freno en más de diez meses? Una respuesta posible es que la única corrección llegó desde la Corte Suprema de Justicia, que a fines de noviembre ordenó que se habilitara el ingreso de 8.000 personas retenidas en la frontera. Desde el Gobierno Nacional, en cambio, el proceso fue acompañado por los elogios presidenciales del comienzo y una mirada distraída después. Si hasta ahora esa estrategia no planteaba costos, el reclamo de una intervención federal o del Poder Judicial en la provincia, las marchas en Buenos Aires y en Formosa y las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sugieren un cambio de escenario. A esta altura el silencio es complicidad de parte del oficialismo. Pero el colmo llegó ayer con la ratificación del apoyo a Insfrán de parte de Alberto Fernández. ¿Cuánto más bajo se puede caer?
