Se trata de cerca 1.200 familias distribuidas en 26 proyectos, entre departamentos y barrios privados, que venían pagando en pozo o en su totalidad las unidades a la constructora Grandi. Sin embargo en 10 años no tuvieron avances.
“Somos familias que no logramos que se nos entregue las unidades habitacionales. Hay edificios en la ciudad donde ya viven otras familias a pesar de que los edificios no tienen final de obra”, comenzó diciendo.
“Hay 180 reclamos en la justicia de manera individual en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal. Esas 180 causas es imprescindible que se las unifique, que pueda tener un sólo proceso y al estar unificado el trámite se transforme en colectivo”, explicó.
“Hay cuatro causas penales que ya están en etapa de mediación, todo parado, sin ningún tipo de avance”, añadió.
Salazar comentó que “lograr que unifiquen nuestras causas sentaría precedentes para las familias que aun no han presentado y que no se continúe con la venta y la reventa”.
“Tenemos conocimiento que en este momento realizan operaciones cambiando o constituyendo nuevos fiduciarios o fideicomisos sobre los mismos inmuebles”, argumentó.
Por último, la damnificada indicó que se están organizando a través de una página en Facebook, y “hoy nos dirigiremos a Tribunales para hacer el reclamo a la Justicia”.
