Pero la obra no avanzó y lleva más de una década inconclusa. Su valor se disparó y hoy costaría más de 2.500 millones de pesos. La actual administración, que busca reactivarla, no logra hacerlo porque el caso está judicializado. “Se están resolviendo temas legales y administrativos que siguen en disputa”, indicaron fuentes oficiales.
Santa Cruz cuenta con la Ruta Azul, el corredor de la ruta nacional 3, cerca del mar. Conecta la provincia de punta a punta. La mayor cantidad de obras sobre su traza fueron realizadas por el Grupo Austral de Lázaro Báez, un holding que supo manejar 46.000 millones de pesos con el Estado nacional como único cliente desde mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner juró como presidente de la Nación.
El universo de licitaciones otorgadas al Grupo Báez, cuya quiebra se decretó en junio de 2018, son objeto de la acusación que llevó por primera vez a Cristina Kirchner al banquillo de los acusados: la imputación sostiene que se direccionaron los contratos para favorecerlo, aunque no tenía capacidad técnica ni operativa para obtenerlos. Además, en la instrucción del caso se estableció que se pagaron sobreprecios promedio del 65% y que la mitad de las obras quedaron inconclusas.
Cristina Kirchner sostiene que todo responde a una persecución política. Lázaro Báez avaló ese planteo y lo replicó durante su indagatoria en el caso. La pericia que ordenó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), analizó cinco casos testigos para determinar si hubo irregularidades en el otorgamiento de los contratos al Grupo Austral, y si existieron los sobrecostos denunciados.
En ese informe, se estudiaron los tres contratos que el gobierno kirchnerista licitó sobre la Ruta 3, la obra conocida como Circunvalación Caleta Olivia (norte de la provincia de Santa Cruz), y que en 2006 le fue concedida a Lázaro Báez. La ruta sigue sin terminar y en un marcado deterioro.
En ese punto, donde se encuentra el límite entre Santa Cruz y Chubut, hay un tramo en estado visiblemente ruinoso desde hace quince años. La obra abarca un total de 66 kilómetros y conecta el norte de Santa Cruz con el sur de Chubut. El camino conecta al polo petrolero de ambos distritos que a su vez comparten el Golfo San Jorge. Por allí transitan camionetas, camiones, todo tipo de vehículos vinculados a la actividad hidrocarburifera, el corazón de las dos provincias.
Su relevancia no es menor: por ella pasan más de 7.000 vehículos por día, un 30% de los cuales son camiones con maquinaria pesada petrolera. El resto son autos que viajan diariamente entre ambas ciudades. Allí se circula por cornisas y atraviesa radas, bajo constantes vientos cruzados de más de 50 km/h. El hecho de que la obra no se haya concluido, teniendo en cuenta estos factores, ha generado múltiples accidentes, gran parte de ellos con saldos fatales.
En la denuncia formulada por la Dirección Nacional de Vialidad, que dirigió Javier Iguacel, se calificó a la ruta como un “emblema de la corrupción”. Aún continúa inconclusa. Sus costos son millonarios y la judicialización del caso, según fuentes oficiales, es un escollo para poder relicitarla. Sin embargo, se encuentra dentro del listado de obras que el gobierno de Alberto Fernández quiere relicitar.
Los números son un problema en sí mismo. A Lázaro Báez, los tres tramos se los adjudicaron en 1.239 millones de pesos. El gobierno de Mauricio Macri le rescindió los contratos y llamó a licitación, por una oferta de 1.569 millones, ganó la compulsa de precios Cristóbal López. El destino fue el mismo: el contrato se rescindió por incumplimientos en los plazos de obra y la ruta sigue sin terminar.
Cálculos extraoficiales del sector, estiman que hoy esa obra que además cuenta con multas que deben saldarse, y otros impuestos podría costarle al Estado más de 2.500 millones de pesos.
La gestión de Alberto Fernández, tiene incluido en su listado esta ruta organizada en tres tramos, para su reactivación. “Se quiere hacer todo lo que estaba pendiente o paralizado. En algunos casos por decisión política del anterior gobierno, en otros por deudas o por temas judicializados”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
El área que dirige Gabriel Katopodis busca reactivar 269 licitaciones, que según la información oficial se encontraban detenidas cuando asumió la gestión y en los que había una deuda de 18.600 millones de pesos, “lo que representa el 21% del total de las erogaciones anuales de Vialidad Nacional”, explicaron fuentes oficiales.
Algo saben en la Casa Rosada, y es que esta ruta que se comenzó a licitar en 2006, tendrá un costo altísimo. La pericia incorporada al juicio contra la vicepresidente, confirmó los sobreprecios de más de 100 millones de dólares, sólo en estas tres licitaciones que componen las obras sobre la Ruta 3 que pasó por Lázaro Báez y Cristóbal López.
Los sobreprecios de la obra
Cuando Báez obtuvo el contrato, se estructuró en tres licitaciones que fueron adjudicadas a empresas de su holding. La primera parte (Autovía Comodoro – Caleta, por 24 kilómetros) fue ganada por Kank & Costilla, de Martín Báez, por 215 millones de pesos. Sólo construyó el 27% y terminó cobrando 872,9 millones, es decir 305% más.
La segunda parte abarca desde el kilómetro 1867 al 1908, y se adjudicó a Austral por 313.6 millones de pesos. Pero el gobierno kirchnerista le pagó 1.309 millones (231% más), con un avance de obra del 24%. Finalmente, la tercera licitación “Avenida Circunvalación Caleta Olivia”, le permitió a Austral cobrar 711 millones de pesos, con un sobreprecio de 386 % según la justicia. La obra sólo avanzó el 43%.
Para concluir las obras, la gestión macrista realizó un nuevo llamado a licitación a través de Vialidad Nacional, CPC SA -propiedad de Cristóbal López-, licitó por un valor 1.569 millones -uno de los más bajos-, lo que lo posicionó primero en el ranking de las oferentes. Así terminó ganando la obra.
Pero dos años después, con Cristóbal López procesado por presunta defraudación al Estado por la falta de pago a la AFIP del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por 8.000 millones de pesos, la Dirección Nacional de Vialidad -bajo la gestión de Javier Iguacel- le rescindió el contrato por “abandono de obra”.