Por un momento, hasta parecería cierto. Apenas por un momento, al observar la elocuencia de las imágenes y los aplausos de los amanuenses de turno.
Sin embargo, al paso de los minutos, las mismas palabras se vuelven infames y risueñas. Y allí asoma la verdad: nadie los persigue porque sean próceres de la patria, sino por corruptos.
Luis D’Elía, Amado Boudou y Carlos “Chino” Zannini, entre otros, son los supuestos perseguidos políticos. No obstante, no han hecho nada que amerite encarcelarlos por su “aporte a la humanidad”, sino todo lo contrario.
El otrora secretario Legal y Técnico del kirchnerismo —Zannini— acumula señalamientos de todo tipo, algunos provenientes de su propia tropa, como su involucramiento en el célebre Fifa-Gate. El propio Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete, lo admitió en noviembre de 2017: “Siempre se resolvió con Zannini, igual que con actualizaciones, esas cosas siempre se discutían con Zannini”.
Pero hay más: el hoy procurador del Tesoro es investigado por el juez Julián Ercolini por los siguientes desaguisados: un fideicomiso multimillonario con Venezuela, el frustrado proyecto del tren bala, el negocio del juego y la concesión de la explotación del petróleo. Ello sin mencionar la figura de asociación ilícita que lo ronda desde 2008 en al menos tres expedientes judiciales.
Boudou es otro que tiene causas para tirar al techo. De los más de 30 procesos penales que lo involucran, aparece complicado en el caso Ciccone, la falsificación de papeles por la venta de un auto y su propio enriquecimiento ilícito, expediente que se inició por denuncia de quien escribe estas líneas en febrero de 2012.
Si Boudou acumula denuncias, D’Elía directamente las colecciona. La primera de ellas data del año 2001, cuando fue imputado por extorsión luego de que lo acusaran por cobrarles una “cuota social” a beneficiarios de los planes sociales denominados Plan Trabajar.
Años después sería denunciado por una cuestión similar, luego de que se comprobara que estafaba a los vecinos carenciados del barrio San Javier, en La Matanza, en el marco de la venta fraudulenta de terrenos.
En 2014 fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez, acusado de discriminación contra la comunidad judía. Dos años más tarde, en 2016, fue denunciado penalmente por haber proclamado públicamente el fin de la democracia y el paso “a la resistencia” si Cristina Kirchner quedaba “detenida”.
Finalmente, en noviembre de 2017, la Justicia lo condenó a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría en La Boca en 2004. En el mismo trámite fue inhabilitado por ocho años a ocupar cargos públicos.
Luego de todo lo antedicho, ¿realmente alguien cree que a estos tipos los persiguen por ser próceres de la patria?
Solo vale responder la pregunta con una mano en el corazón.
