A 48 horas del vencimiento de US$ 731 millones del préstamo que la Argentina tiene vigente con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno no definió aún si va a desembolsar o no el dinero. Se trata de un pago sencillo de realizar porque la mayoría de los fondos están en Derechos Especiales de Giro, la moneda del FMI, dentro de la cuenta corriente que el país mantiene en el organismo.
Pero una de las dudas, aunque pueda parecer mentira, es porque la cancelación demandaría restar US$200 millones de las reservas del Banco Central. Sí, US$200 millones, una cifra que a la Argentina no debería preocuparle, pero le preocupa. Desde ya que la decisión que debe tomar el presidente Alberto Fernández está condicionada en función de si el Gobierno va hacia un acuerdo con el organismo o si tiene pensado no pagarle y quedar en default o cesación de pagos.
La caída de los precios de los bonos (los hay que rinden hasta 30% anual en dólares), la tensión y suba de los dólares libres (el blue en $220) y de la tasa de riesgo país (apunta a los 2.000 puntos), dejan en claro que los mercados creen más en que el Gobierno, de la mano de la vicepresidenta Cristina Kirchner, irá al default, antes que a un acuerdo para refinanciar los cerca de US$40.000 millones que vencen entre este año y el próximo.
Esa posición tiene argumentos: si el Gobierno adelantase el pago unas horas, podría dar la señal de que quiere acordar (después de todo US$534 millones, el 73% del pago, se hace con la plata que le dio el propio organismo) y al mismo tiempo una señal de alivio financiero. Todo esto, en un momento en el que los mercados mundiales se derrumban por la crisis entre EE.UU. y Rusia por Ucrania, y a la espera de la suba de tasas en EE.UU.
Pero el Gobierno sigue demorando la decisión respecto de llegar a un acuerdo con el FMI como si el paso del tiempo fuese a producir un milagro. La número dos del Fondo, la economista Gita Gopinath, dijo que “entendemos que la situación social y económica es desafiante, pero estamos adoptando un enfoque flexible y pragmático y esperamos lograr más avances en los próximos días”.
Dicho eso pidió que el Gobierno presente un plan “sólido y creíble” y sostuvo que la Argentina debe “mejorar los desequilibrios”. El reclamo de que Martín Guzmán debe presentar un plan ya es a gritos por parte de la oposición del FMI, de los EE.UU. y de los mercados, y los “desequilibrios” tienen nombre y apellido: déficit fiscal financiado en su gran mayoría con emisión monetaria; subsidios a las tarifas de luz, gas, agua y transporte de difícil financiación.
Y atraso del tipo de cambio que se pronuncia al calor de los cepos y una inflación galopante que apunta nuevamente a superar 50% este año. Con la emisión que viene de atrás, el dólar que sube tenuemente más rápido y cierta flexibilidad de alzas en los precios controlados y anuncios aún borrosos sobre el aumento de las tarifas, la inflación se presenta sin anclas. El Gobierno sigue dejando trascender que el principal escollo para un acuerdo con el FMI es el “sendero fiscal”.
El organismo pretende que la Argentina llegue al equilibrio de las cuentas públicas en 2024 (Cristina Kirchner lo rechaza porque considera que eso pondría en riesgo las chances del oficialismo en las presidenciales del año próximo) y el Gobierno pide lograr esa meta en 2027. Pero en los últimos días circuló un documento técnico de un grupo de reconocidos economistas que planteó que, además, el nivel de emisión monetaria que propone el Gobierno para cubrir el déficit este año haría muy difícil sentar las bases para llegar a un entendimiento.
También plantearon que, aunque el Fondo Monetario no estaría reclamando una devaluación fuerte ni un levantamiento rápido del cepo cambiario, la brecha de más de 100% entre el dólar controlado y los libres tensaría mucho el resultado del sector externo. Pocas ventajas pueden superar hoy a la de conseguir insumos, productos o maquinarias pagando a un dólar oficial de $104,62.
Pagar los costos a dólar atrasado y fijar precios, por la incertidumbre, al dólar libre, está generando una importante transferencia de ingresos a buena parte de la industria que, además por el cepo, no tiene la competencia de los productos importados. La brecha entre dólares de más de 100% es un problema para que el Banco Central pueda recuperar reservas en un año en que las exportaciones agropecuarias, por la sequía, pueden resultar US$6.000 millones menos que en 2021.
Y cuando, si no hay acuerdo, no habrá plata adicional del FMI. El Gobierno está convencido de que mirando atrás y culpando a Mauricio Macri por haber tomado el crédito del FMI, se salva políticamente, pero difícilmente eso lo ayude a recuperar el crédito público que se sigue cayendo a pedazos.
