La fallida gestión presidencial de Alberto Fernández será recordada por muchas cosas. Entre ellas, por duplicar la inflación que dejó el gobierno de Mauricio Macri; por besar las manos de Vladimir Putin escasos días antes de que Rusia invadiera Ucrania; por encerrar al país mientras hacía fiestas en Olivos; por apañar la corrupción kirchnerista luego de haberla criticado durante años, y, particularmente, lo que es peor, por trazar un macabro paralelismo entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani.
Un compendio de traiciones morales propias de alguien sin valores ni palabra. Desde que el primer mandatario se desbandó, anteanoche, en el programa televisivo A dos voces, con su tan escandalosa como temeraria frase sobre el fiscal que pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, afloró a lo largo y ancho de la Argentina una mezcla de indignación con un lógico temor.
La razón no es otra que la indebida injerencia en la tarea de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo, que debería ser el natural custodio de la integridad física de los fiscales. “Lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, sentenció el Presidente, pese a que no está probado por la Justicia que el fiscal de la causa AMIA se hubiese suicidado, como él sugirió.
Por el contrario, la Justicia ha sostenido, sobre la base de un peritaje de la Gendarmería Nacional Argentina y de otras pruebas, que la muerte de Nisman fue consecuencia de un homicidio. Esta hipótesis fue confirmada en un fallo del juez federal Julián Ercolini, que data de 2017, y ratificada un año más tarde por la Cámara Federal. Es curioso que Alberto Fernández sostenga la hipótesis del suicidio cuando, en 2015, consideraba que “nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado”.
Y es el mismo que hoy asegura estar convencido de la “inocencia” de Cristina Kirchner y que firma un comunicado en el que denuncia una “injustificable persecución judicial” contra la vicepresidenta, cuyo objetivo sería “apartarla de la vida pública, política y electoral”. No puede menos que indignar a cualquier argentino de bien que el Presidente apele a argumentos tan groseros para defender ahora a la vicepresidenta.
Llegando a sostener que la maniobra de alquilar sus hoteles a Lázaro Báez, al mismo tiempo que su gobierno lo beneficiaba con millonarias concesiones de obras públicas, solo es reprochable desde el punto de vista ético, pero no constituye un delito. Indigna más aún que se inmiscuya en asuntos de la Justicia que no le competen, ignorando que el artículo 109 de la Constitución Nacional dispone que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
Da vergüenza ver al jefe del Estado decidido a acompañar a la multiprocesada vicepresidenta en su estrategia de “apretar” a jueces y fiscales, y dispuesto a avalar movilizaciones y bombos que solo buscan silenciar la voz de la Justicia, distraer sobre los efectos de los ajustes y alterar la paz social. Inquieta ver al Presidente agitando los fantasmas de la irracionalidad y el fanatismo para derribar los cimientos de la independencia judicial mientras el país asiste a la peor devaluación: la de la palabra presidencial.
