La mediación civil en la causa por la cuota alimentaria que reclama la ex primera dama Fabiola Yañez al ex presidente Alberto Fernández tendrá una nueva audiencia el martes próximo, sin que aún se haya arribado a un acuerdo.
En este contexto, Fernández le pidió a su expareja que regrese a Argentina para ejercer una “tenencia compartida” de su hijo Francisco.
Fuentes allegadas a las partes explicaron a la agencia Noticias Argentinas que Yañez exige una suma en euros para solventar su vida en Madrid (lo que incluye el alquiler, la cuota escolar del niño y la prepaga), mientras que el expresidente plantea que puede afrontar los gastos, pero en Argentina y por este motivo formuló el pedido de “tenencia compartida”.
En la actualidad, Fernández tiene embargado el 30% de la jubilación de privilegio que cobra cada mes por una suma superior a 14 millones de pesos, según fuentes del caso. Las partes ya se habían reunido de manera virtual en una primera audiencia, que se realizó el 2 de octubre, pero no se pusieron de acuerdo y el caso siguió dilatándose semana a semana.
En su demanda, la expareja de Fernández había reclamado el “embargo total” de su jubilación, pero el Juzgado Civil número 102, a cargo del juez Augusto Montesano, dispuso que la quita quede fijada en un porcentaje sustancialmente menor.
En el fallo de referencia, se resolvió que “el demandado, Alberto Ángel Fernández, deberá pagar a favor de su hijo Francisco Fernández Yañez, el equivalente al treinta por ciento (30%) de su jubilación”, un importe que “deberá retenerse en forma mensual y depositarse dentro del tercer día de cada liquidación”.
A las audiencias en el juzgado civil a cargo de Raúl Montesano concurren las mismas letradas que actúan en la causa penal abierta por supuesta violencia de género en los tribunales federales de Retiro: Marina Gallego, por Yañez, y Silvina Carreira, por Fernández.
En el fuero penal, el exjefe de Estado está imputado por presuntas “lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, abuso de poder, de autoridad y amenazas coactivas”. Este último delito en relación a que, en mensajes entregados por Yañez al fiscal federal Ramiro González, hay menciones de Fernández a la posibilidad de solventar todos sus gastos si evitaba realizar la denuncia por violencia de género.
