En su discurso de apertura del año legislativo, el presidente Alberto Fernández dedicó un extenso pasaje a criticar a la Justicia. Entre otros puntos, el jefe de Estado anunció una serie de proyectos, como la creación de un nuevo tribunal que le recortará el poder a la Corte Suprema, y le pidió al Congreso que realice “un control cruzado” institucional del Poder Legislativo sobre el Judicial.
Pues bien, ahora el kirchnerismo está dispuesto a impulsar la creación de una comisión bicameral en el Congreso para investigar e interrogar a magistrados. De esta manera, lo que plantea el oficialismo es un apriete político, una caza de brujas. El control del desempeño de los jueces está previsto en la Constitución y es a través del Consejo de la Magistratura y en el caso de los jueces de la Corte, del Congreso, pero siguiendo lo que dice la Constitución.
En este sentido, todas las iniciativas que el presidente Alberto Fernández anunció son para amedrentar a los jueces, controlarlos para que decidan según las directivas que se impartan desde el Gobierno. La creación de una comisión bicameral es claramente un exceso y una violación a la división de los poderes establecidos en la Constitución; el Congreso ya tiene fijadas atribuciones de control, que son dos.
Es decir, el acuerdo que el Senado tiene que dar antes de las designaciones de los jueces y, en el caso de los jueces de la Corte Suprema, el juicio político que puede impulsar diputados. El resto de los magistrados están sometidos al control del Consejo de la Magistratura. La mejor reforma del Poder Judicial que puede implementar el kirchnerismo es garantizar su independencia.
Pero, obviamente, el republicanismo es una materia que el kirchnerismo nunca aprobó, pero más allá de eso, claramente esta injerencia que propone el Presidente en la Justicia camufla otras intenciones, vinculadas a frenar las causas judiciales que involucran a Cristina Fernández y que ya su gobierno no puede disimular ni ocultar, como le habrá pedido Cristina a Alberto como requisito para nombrarlo candidato a presidente.
Y es que están viendo que ese plan se les escurre y apelan a un mayor avance sobre el Poder Judicial. Es por ello que el Gobierno nacional quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento, algo inaceptable.
Es tal la impotencia, que el oficialismo no tardó ni 24 horas en proponer armar una comisión en el Congreso para interrogar a jueces y fiscales. Lo que ellos llaman control, es intromisión y persecución. Es por ello que cabe preguntarse: ¿La sociedad argentina permitirá que el Gobierno nacional se salga con la suya o hará valer el reclamo mayoritario de justicia en la calle como el pasado sábado?
