Alejandro Miguel Ochoa ya no es un pibe descarriado. Tiene 55 años y es motochorro. El viernes mató a una mujer en La Matanza. Cuando le arrebató la cartera, la arrastró y la mujer murió por los golpes que recibió al caer y al ser arrastrada. Lo alucinante es que Ochoa estuviera en la calle. Tenía no una, sino dos condenas por hacer exactamente lo mismo durante años: asaltar violentamente a mujeres usando una moto.
La primera condena había sido por seis hechos. La segunda había sido por dos hechos, uno muy grave porque la mujer atacada quedó con un brazo prácticamente triturado por la cadena de la moto. O sea que, en una primera instancia, la policía y la Justicia funcionaron. Es muy difícil en Argentina que estos hechos lleguen a una condena. Pero, acá, dos veces hubo, se ve, policías que actuaron, fiscales que elaboraron pruebas y jueces que condenaron.
El problema es que hubo otra cosa que funcionó mejor que la Justicia: el “garantismo cómplice”. Es en lo que se ha transformado las garantías constitucionales a las que todos tenemos derecho en ideología. El sacerdote mayor de esta secta es Eugenio Zaffaroni: dice que en principio cualquiera que esté preso es víctima de la sociedad y que en el fondo debe estar libre. Con esa ideología, los monjes zaffaronistas se lanzaron a copar parte de la justicia penal.
Esos garantistas fueron los que, cuando el coronavirus ni siquiera se había expandido en Argentina, en abril, largaron de las cárceles a varios miles de presos en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Los jefes políticos de los defensores les ordenaron pedir excarcelaciones. Y los jefes políticos de los fiscales les ordenaron no oponerse. En el caso de Ochoa, la prisión domiciliaria le fue otorgada por el juez Marcelo Riquert en abril de 2020.
En efecto, sacaron a los presos antes de que se supiera qué podía pasar en las cárceles: al final se vio que hubo más contagios fuera que dentro de los presidios. Lo cual era lógico: ¿Dónde se va a estar más aislado que en una prisión? En la mera formalidad de los trámites Ochoa le juró a la justicia que iba a cuidar a su madre, un hermano discapacitado y a su hijo. Y que cada 15 días iba a notificar al juzgado. Puro verso.
La Justicia tardó seis meses en darse cuenta y ordenar que vuelva a la cárcel, pero nunca lo fueron a buscar. Recién se interesaron cuando en todos los medios se difundió el video del violento robo a la psicóloga y se conoció que había muerto a raíz de los golpes en su cabeza. Debería estar preso, pero fue uno de los beneficiados el año pasado por el kirchnerismo y salió para matar. El hecho de que hace 31 años que delinque no fue suficiente para los magistrados.
Y es que de todas formas lo liberaron, por lo que cabe preguntarse: ¿Hasta cuándo los jueces van a seguir firmando condenas de muerte de personas inocentes con una lapicera? ¿Cuándo van a ser juzgados por su mal desempeño? Para eso está el Consejo de la Magistratura, pero el kirchnerismo lo utiliza para amedrantar jueces, justamente, para que fallen de acuerdo a la ideología del oficialismo: liberar presos para que continúen matando.
