Luego de que ayer las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), dijeran que la muerte de Érica, la niña de 3 años que murió a causa del maltrato al que la sometían sus propios abuelos, fue algo que sucedió de un momento a otro, hoy se comprobó que el Estado sabía desde el año pasado el calvario de la niña. Las mentiras tienen patas cortas y no llegan demasiado lejos.
Y es que trascendió que los encargados de un comedor se encargaron en octubre del año pasado de trasladar a Érica a la Policía para dar cuenta del brutal castigo físico al que era sometida en su propia casa. Pero resulta que los integrantes de la fuerza de seguridad no pudieron contactarse con los responsables de la Dinayf. Y así, lo que pudo ser la salvación para la pequeña, quedó truncado antes de poder ser.
Se sabe que fue la Policía la que dio aviso, pero jamás fueron atendidos por las autoridades. Pero no solo ignoraron esta llamada ya que los propios vecinos del asentamiento explicaron que el jueves habían realizado una denuncia en la Dinayf para que rescataran a Érica, pero los funcionarios nunca aparecieron por el lugar. La veracidad de estos dichos quedó plasmada cuando ratificaron estos dichos al presentarse en Tribunales.
En ese sentido, la fiscala que lleva el caso, Adriana Giannoni confirmó que el 21 de octubre del 2019, los responsables del merendero al que concurría Érica se presentaron en la seccional 5a y denunciaron que la pequeña presentaba hematomas en distintas partes de su cuerpo. Los cuales eran el resultado de los golpes recibía de parte de sus abuelos. Fue entonces que los efectivos policiales se comunicaron con la fiscalía de Violencia de Género I para denunciar el hecho y pedir instrucciones.
Fue allí que todo quedó truncado por la burocracia. Cuando les comunicaron que debían solicitarles a las personas que trasladaron a la menor que denunciaran formalmente el caso para iniciar una investigación penal, comenzaron las dificultades. Además, les dijeron que debían dar intervención a la Dinayf para que actuara. Pero los responsables del comedor desistieron de hacer la demanda correspondiente.
Y es que temían las posibles represalias. Pero, además, el otro paso necesario que podría haberle salvado la vida a la niña tampoco se concretó debido a que los responsables del Estado no atendieron los teléfonos. Debido a que Érica no podía permanecer en la dependencia policial, fue devuelta de nuevo a sus abuelos. Ocho meses después, serían ellos mismos los que terminarían con la vida de su propia nieta.
En ese lapso de tiempo en el que las autoridades estatales tenían conocimiento de lo ocurrido con la niña, el maltrato infantil continuó y el forense determinó que presentaba golpes en todo el cuerpo, cicatrices de cortes y quemaduras. Además, habían claros indicios de que sufrió torturas al punto de que le habían asentado cigarrillos en sus partes íntimas. De momento, los abuelos permanecen detenidos por orden de la fiscala Adriana Giannoni.
