El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, sostuvo este jueves ante el máximo tribunal penal lo que ya había dicho en su apelación contra la decisión de anular el juicio oral en los casos por lavado de dinero unificados Hotesur y Los Sauces: Cristina, Máximo y Florencia Kirchner -y los demás imputados- deben enfrentar el juicio oral. Rechazó el sobreseimiento dictado por dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), quienes buscaron “cerrar la causa” sin “fundamentos”. Reiteró que en caso de avanzar hacia el debate, esos jueces deben ser apartados.
“El proceso debe llegar, en la medida de lo posible, a una verdad objetiva” enfatizó el fiscal Villar ante la Sala I de la Cámara de Casación, al pedir que el sobreseimiento sea anulado y que el juicio oral se lleve a cabo. Su exposición se basó en el análisis del delito de lavado de dinero y la relevancia del juicio como instancia de defensa para determinar si las personas investigadas son culpables o no.
Para el acusador, en este caso “se ha negado que se cumpla la verdad objetiva” al comprender “que no hay elementos para no avanzar hacia el juicio, donde se conocerá quién es inocente o culpable”, y pidió “que en un proceso de debate sea donde las partes se defiendan y se resuelva la responsabilidad penal o no”.
Por ese motivo indicó que se debe “anular la resolución, apartar a los jueces y permitir que el proceso llegue” a la instancia de juicio.
En la elevación a juicio oral de estos expedientes, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la empresa hotelera de la familiar Kirchner, Hotesur, no conoció la ocupación plena y expone serios problemas de financiamiento, y que la inmobiliaria que carece de sede comercial y alquila sólo los inmuebles que le pertenecen desde 2009 -en referencia a la otra empresa familiar, Los Sauces- son firmas que “nunca tuvieron fines comerciales reales, sino sólo ser una pantalla para maniobras de blanqueo”.
Pese a que en una resolución previa habían determinado que el juicio oral de estos dos casos unificados se realizaría el año pasado, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg firmaron el sobreseimiento de la vicepresidenta, sus hijos, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros imputados sin la realización del juicio. El voto en disidencia fue el de la jueza Adriana Pallioti, que insistió con la realización del debate oral.
Estos dos expedientes fueron unificados porque en ambos se investigó una misma maniobra, porque además tienen 16 imputados en común y bajo investigación estuvo una presunta asociación ilícita creada para lavar 130 millones de pesos entre 2008 y 2015.
Ese voto dividido del TOF 5 fue apelado por el fiscal ante ese tribunal, Diego Velasco. Este reclamo fue sostenido por su par de la instancia superior, Mario Villar, que este jueves ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación pidió que se revoquen los sobreseimientos.
Entre sus fundamentos ante los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, Villar indicó que anular la instancia del debate “lesiona la función propia del Ministerio Público Fiscal”, que es la de promover “la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.
En otras palabras: el fiscal Villar entiende que Cristina Kirchner y sus hijos -junto a los demás acusados-, deben comparecer ante un tribunal oral y defenderse en esa instancia.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, los jueces Obligado y Grunberg impidieron el juicio bajo “argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”. La resolución con la que se sobreseyó a la vice y a su hijos -junto a los demás imputados- “es arbitraria” contraria “a todo ordenamiento jurídico”, volvió a señalar.
Bajo este mismo criterio, durante su apelación -a la que se remitió en la audiencia de este jueves- entendió que el sobreseimiento sin la realización del juicio oral “no sólo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia, sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día“.
Cuando sostuvo la apelación Villar, había remarcado -y reiteró ahora- que la decisión de no realizar el juicio fue “arbitraria” y como tal “enmascara bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad”. Por eso indicó que Obligado y Grümberg “no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”.
Toda maniobra de lavado de dinero requiere de un delito precedente, es decir, una actividad que proporcione los fondos que luego se vuelcan a las maniobras de blanqueo. Según se investigó en la instrucción de los casos Hotesur y Los Sauces, esos delitos precedentes se investigaron en otros dos expedientes judiciales: Oil Combustibles (la petrolera de los dueños del Grupo Indalo) y el caso Vialidad (cuyo juicio oral está en la etapa final y donde los fiscales pidieron doce años de prisión para la vice).
Pero la mayoría del TOF 5 dijo que todos los acusados debían ser sobreseídos porque no pueden ser parte del delito precedente y a su vez responsables del lavado. Villar indicó que en Oil Combustibles “no fueron investigados Cristina Kirchner y Lázaro Báez” y el caso Vialidad “donde Cristóbal López y Fabián De Sousa no son parte”. Con lo cual “es incorrecto el análisis de los jueces”.
Después, Villar rechazó la conclusión de Obligado y Grunberg respecto de que el dinero aplicado a las operaciones investigadas no era de “negro” ya que “estaba bancarizado”. El fiscal explicó que el argumento del tribunal es “equivalente a decir que, si alguien realiza una estafa, no hay lavado si el pago de la estafa se hizo en la cuenta bancaria del autor del delito”.
Por último, y ante el temor de “parcialidad”, el fiscal pidió que los jueces que firmaron el sobreseimiento sean apartados en caso de realizarse el juicio oral, “ya se manifestaron como si hubiera sido una sentencia definitiva”. Si la Casación reabriera el caso, ese cambio de jueces ocurrirá casi automáticamente.
Obra Pública y Hotesur
Entre los argumentos que ya había expuesto por escrito, el fiscal había dicho que los jueces ignoraron que en el caso de la obra pública vial se detectaron irregularidades que fueron citadas como delito precedente: “sobreprecios, prórrogas reiteradas sin justificación válida, canal de pago preferencial a diferencia de otros contratistas, concurrencia múltiple de empresas del mismo grupo a una misma licitación, simulación de competencia, procedimientos en tiempo récord, falta de sanciones por incumplimiento y de controles, adelantos de obras que no habían comenzado, entre otras, en su asignación principalmente al Grupo Báez”.
Lázaro Báez explotaba los hoteles de la familia Kirchner con su firma Valle Mitre, cuyos únicos ingresos para pagar los cánones de locación eran préstamos de Austral Construcciones que ascendían a 71 millones de pesos. La constructora tenía como único cliente al Estado nacional. En simultáneo con siete firmas del holding, alquilaba habitaciones de los hoteles que no utilizaba, garantizando ingresos a los Kirchner por 14 millones de pesos.
