MENDOZA.– La Justicia Federal de Mendoza decidió congelar los bienes del reconocido juez Walter Bento, investigado por liderar una supuesta banda que cobraba coimas a cambio de favores en resoluciones judiciales. De hecho, el poderoso magistrado penal, con competencia electoral, suma nuevas imputaciones en su contra, luego de que se levantara el secreto de sumario. En tanto, se incorporan 16 nuevos acusados y se determinó la detención de cuatro personas.
Según pudo saber LA NACION, Bento está cada vez más complicado en la causa que investiga el fiscal general Dante Vega y se espera que declare ante el juez Eduardo Puigdéngolas la semana próxima. De hecho, a partir de este miércoles comienzan las indagatorias, las cuales están programadas hasta el 18 de junio.
Lo que quedó en claro en las últimas horas, luego de que el fiscal practicara medidas de prueba y efectuara más pedidos, es que la decisión oficial impacta directamente en el patrimonio del funcionario judicial, acusado de comandar una asociación ilícita. Incluso la medida recae también sobre su esposa, Marta Isabel Boiza, y sus hijos.
Los investigadores entienden que Bento recibió millonarias partidas en dólares para favorecer a detenidos, lo que le permitió adquirir propiedades, vehículos y viajar de manera recurrente al exterior, sobre todo a Miami y Las Vegas, en Estados Unidos. “Se han detectado más hechos; son más imputaciones de las que el magistrado deberá defenderse. Tres hechos más de sobornos y prevaricato”, contó a este diario una alta fuente de los tribunales locales. “Ahora, con la inhibición, queda imposibilitado de trasmitir bienes registrables a nombre de otro: no puede disponer de esos bienes. Ni casas, departamentos, autos, embarcaciones, entre otros”, indicó.
Entre los nuevos imputados, con cuatro detenidos, aparecen más abogados, policías y personas allegadas a los principales sospechosos de actuar como nexo para la recepción del dinero que terminaba en manos del juez, sospechado de comandar una organización delictiva, cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En su mayoría, los vínculos de estas personas –algunas de ellas ya se declararon “arrepentidas”– tienen que ver con causas de narcotráfico y contrabando.
De hecho, se detectó que existieron contactos directos de estas personas con el exdespachante de aduanas Diego Aliaga, señalado como principal intermediario, quien fue secuestrado y asesinado el año pasado. También, se amplió la acusación contra Walter Bardinella Donoso, propietario del celular que permitió comenzar a desentrañar el entramado de relaciones y transacciones que tenían a Bento como destinatario final, según la pesquisa.
Por su parte, se aguarda que avance la investigación en el Consejo de la Magistratura, aunque el diputado Pablo Tonelli, a cargo de la Instrucción, deberá emitir un dictamen acusatorio. Por eso, luego de esa instancia, el cuerpo encargado de controlar el desempeño de los magistrados federales, podría disponer, como excepcionalidad en los plazos, la suspensión del juez, teniendo en cuenta que es la persona responsable del proceso electoral en tierra cuyana, a pocos meses de los comicios.