“Si siguen especulando, habrá que clausurar las sucursales”. La amenaza es de la diputada oficialista Cecilia Moreau, que, como viene haciendo el kirchnerismo desde hace décadas, culpa de la inflación crónica de la Argentina a las empresas, con los supermercados a la cabeza.
Cecilia Moreau es la misma legisladora que hizo incluir una ominosa cláusula de “negligencia” en una ley para que no pudieran entrar vacunas producidas en los Estados Unidos. Después de que fracasara el “proyecto Sputnik” por falta del segundo componente de la vacuna rusa y de que murieran miles de argentinos por no poder acceder a la de Pfizer -que se había comprometido en proveerle al país tempranamente millones de dosis- el presidente Alberto Fernández terminó firmando un decreto para desactivar la “cláusula Moreau” ya al filo de los cien mil muertos y ante el ruego desesperado de padres de adolescentes vulnerables para los que “la Pfizer” era la única vacuna segura aprobada a nivel mundial.
Para algunos argentinos, esta nueva amenaza de Moreau es apenas una bravuconada sin mucho sustento y, probablemente, menos letal que su cláusula de negligencia. Pero otros tantos votantes están convencidos: la culpa de la inflación es de las empresas.
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Por eso, mientras Moreau profería esta amenaza, la secretaria de Comercio, Paula Español, negociaba a todo vapor con las cadenas de supermercados una “tregua” de precios. El objetivo del armisticio: que el festival de “platita” que organiza el gobierno para intentar dar vuelta en noviembre la derrota electoral de las PASO no termine en una explosión inflacionaria antes de los comicios.
En privado (muy en privado), Español admite que culpar a las empresas y los supermercados de la inflación argentina es una ridiculez. Pero hacia “afuera” su misión es ser el principal engranaje de una audaz estrategia de comunicación: desplazar ante la opinión pública hacia las empresas la responsabilidad de la inflación crónica argentina.
Como en los tristemente recordados años de su sucesor, Guillermo Moreno, la inflación no se deja controlar apretando a los empresarios, pero el gobierno cree que “ya ganó” consiguiendo que una parte de su electorado se convenza de que la culpa de la inflación es de las empresas y no de la mala política económica del gobierno.
La táctica más exitosa para instalar la idea de que son los empresarios y, especialmente, los supermercadistas, los responsables de la inflación es Precios Cuidados. Desde su nombre, el programa de precios negociados por el gobierno que siempre tienen que tener un lugar en las góndolas, está diciendo implícitamente: “el gobierno es bueno y te cuida de los malos empresarios que te quieren subir los precios”.
Lo que menos hizo Precios Cuidados desde que fue creado es cuidar los precios.
La inflación, como se ve, sería producto de una “puja distributiva” en la que los empresarios -con su “poder concentrado”- se apropian indebidamente de la “renta” del “pueblo trabajador”.
La táctica de “Precios Cuidados” funciona bastante bien
El anterior gobierno de Mauricio Macri entró en el “baile” y eligió continuar el programa de precios acordados impuesto por el kirchnerismo antes que transparentarlo y mostrar que los precios, con estabilidad monetaria, se cuidan solos con los principios económicos elementales de oferta y demanda y libre competencia.
Pero esa es la “magia” de las buenas campañas de comunicación: las manos del mago no se deben notar. Si se ven, el truco falla.
De hecho, lo que menos hizo Precios Cuidados desde que fue creado por Augusto Costa, hoy ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, es cuidar los precios: desde que Cristina Kirchner instauró el programa, hace casi ocho años, el valor de esos productos se multiplicó por siete: más tarde o más temprano los precios “cuidados” se terminan descuidando y adaptando a la inflación, de lo contrario los productos desaparecerían de las góndolas.
El rol de Paula Español, al igual que su antecesor kirchnerista, Moreno, es mostrarse ante la opinión pública como el policía que busca poner en caja a los empresarios malos que especulan y le quitan sus ingresos al pueblo trabajador (o planero).
Cada tanto, militantes de La Cámpora, enviados de algunos intendentes o afiliados de algunos sindicatos escenifican un “control de góndolas”, que se complementa con una sonora clausura de algún supermercado chino en algún rincón del Conurbano por parte de funcionarios de la Secretaría de Comercio por no respetar los Precios Cuidados: todo un show especialmente montado para mostrar ante los medios ese señalamiento simbólico de que “el estado te cuida de las malas empresas que te suben los precios”.
Como en la inquisición
En la España del siglo XV, los herejes eran paseados por las calles con un bonete o una pechera que los identificaba como tales: de ahí viene el “colgarles el sambenito”.
Esa es la idea de los Precios Cuidados y las negociaciones escenificadas entre las empresas y la Secretaría de Comercio: colgarles a las empresas el sambenito de la inflación.
Qué país curioso, la Argentina: las mismas cadenas de supermercados que están en todo el planeta y que venden muchos productos iguales en cientos de países, producidos por los mismos fabricantes y con los mismos ingredientes, en el resto del mundo mantienen sus precios estables desde hace décadas y se “matan” entre ellos por competir en precio y calidad. Solo en la Argentina no paran de aumentar sus precios.
O el gobierno argentino es tremendamente ineficaz controlando a los empresarios, o los mismos empresarios, que se portan tan bien en el resto del mundo, se vuelven malvados cuando aterrizan en Ezeiza.
Un ejemplo que muestra esta ridiculez es el de la carne que exporta la Argentina y que se vende con mínimas fluctuaciones al mismo valor en dólares o euros en los “super” de esos países.
En la Argentina, en cambio, medida en pesos, la carne no para de subir y contrariar la promesa electoral de Alberto Fernández de que con el kirchnerismo, volvería el asado.
Por eso, el “cepo” a la carne para que los productores se vieran obligados a llevar su producto al mercado local tuvo tan poco efecto que después de la derrota de las PASO lo primero que hizo el gobierno fue abrirlo.
Igual, de algo sirvió el “cepo” a las exportaciones de vaca vieja a China: el solo debate de la medida (prohibimos exportar para que puedas hacer tu asado el domingo) tenía fines puramente comunicacionales.
Y los empresarios ayudan al gobierno: salvo excepciones, prefieren no salir de su perfil bajo. “El que calla, otorga”, dicen en el campo y los expertos en comunicación. Los empresarios delegan la tarea de explicar en una oposición que explica demasiado poco: es que la oposición -que fue gobierno hasta hace apenas dos años- se siente incómoda hablando del tema.
5 millones de billetes de mil pesos por día
El origen de la suba de precios no es otra cosa que la imparable devaluación del peso, que valía un dólar hace 20 años, y hoy vale medio centavo. Pero parte de esa penosa pérdida de valor de la moneda argentina se produjo también durante el anterior gobierno de Mauricio Macri, que no supo explicar que, para evitar que el peso se siguiera devaluando y empobreciendo a los argentinos, había que encarar una serie de reformas estructurales muy profundas y urgentes.
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Por esa incomodidad para tocar el tema, en el primer tramo de la campaña electoral solo se habló tangencialmente de inflación: mejor no hablar de ciertas cosas, dirían los líderes de Juntos o Juntos por el Cambio. Punto para el gobierno nacional.
El billete argentino de máxima denominación vale menos que el más chico de Europa.
Pero los precios cuidados -bastante descuidados- y los cepos a las exportaciones que al final solo sirven para que el Banco Central tenga menos dólares y se acelere la devaluación, no son la única táctica comunicacional que el kirchnerismo saca de la galera para quitarse el sambenito de la inflación: el festival de “platita” preelectoral es un verdadero prodigio industrial que se deja ver en todo el mundo, con una Casa de Moneda que imprime a razón de casi 5 millones de billetes de 1.000 pesos por día. Una proeza.
Todo es comunicación, y la entidad conducida por el mendocino Rodolfo Gabrielli podría hacerse acreedora de un premio “Guiness” a la productividad.
La lógica diría que la Argentina hace rato tendría que tener billetes de 5.000 o 10.000 pesos. Pero el gobierno especula con que la inflación se note menos si no aumenta la denominación de los papelitos. Mejor seguir talando árboles e importar tinta para imprimir billetes las 24 horas, los siete días de la semana y seguir actuando el papel de “víctimas” de los malos empresarios.
Ya en el anterior gobierno de Cristina Kirchner, con billetes de máxima denominación de 100 pesos, reventaban los cajeros automáticos, se rompían las calles de la City por el peso de los camiones de caudales y explotaban los bolsillos de los argentinos de tantos papelitos.
Hoy estamos igual: el billete argentino de máxima denominación vale menos que el más chico de Europa: 5 euros. Para equiparar al billete de 100 euros, hoy el mayor de Europa, tendríamos que imprimir uno de 20.000 pesos.
Pero ahora, la pregunta del millón (de pesos): ¿cómo está funcionando realmente la estrategia “la inflación es culpa de las empresas” para confundir a la opinión pública?
Según un sondeo de agosto de Trespuntozero, la encuestadora de Shila Vilker, el 54 por ciento cree que la culpa es “de las políticas del gobierno nacional de Alberto Fernández”. El 18 por ciento cree que se debe a las políticas del gobierno anterior de Mauricio Macri y el 15 por ciento, a los empresarios, comerciantes y productores rurales.
Trespuntozero fue una de las encuestadoras que anticipó la derrota en las PASO del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Sumando los 15 del “anterior gobierno de Macri” más 18 de los empresarios, se obtiene exactamente el resultado que pretende esgrimir el oficialismo: la estrategia de “la culpa de la inflación es de los empresarios”, por más que la diputada Moreau amenace con clausurar supermercados, ya no estaría haciendo la misma “magia” de antes.
