La decisión de Cristina Kirchner de usar la mayoría oficialista en el Senado antes del recambio del 10 de diciembre, cuando perderá el quorum propio, es la única certeza que existe en un Congreso en el que todavía las piezas no terminan de acomodarse tras las últimas elecciones.
Por lo pronto, hasta ahora no hay una fecha definida de próxima sesión en ninguna de las dos cámaras legislativas, aunque en ambas se alistan agendas y temarios que podrían ser discutidos antes de fin de año, fecha hasta la cual extendió el Poder Ejecutivo el período ordinario de sesiones que vencía el 30 del corriente.
Todo parecía indicar que el Senado iba a sesionar esta semana. El paquete de 116 decretos de necesidad y urgencia cuya aprobación apuró el kirchnerismo el jueves último en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, fue toda una señal en ese sentido.
El apuro por ratificar tamaña cantidad de decretos solo se explica en el inminente recambio legislativo que operará el próximo 10 de diciembre. Ese día, el Frente de Todos caerá de 41 a 35 senadores, cifra que lo obligará a negociar con bloques menores el quorum necesario para habilitar una sesión.
Sin embargo, en las últimas horas el ánimo legislativo oficialista se enfrió y la sesión se realizaría recién la próxima semana.
La sospecha de la oposición es que el kirchnerismo buscará sumar proyectos que permitan engrosar el temario y, así, diluir el peso de la avalancha de DNU que Cristina Kirchner quiere ratificar. Incluir iniciativas impulsadas por sus senadores será, además, un buen señuelo para atraer a su propia tropa, sobre todo a aquellos que terminan su mandato en menos de 20 días y no tienen demasiados incentivos para asistir al recinto de la Cámara alta.
En Diputados, el panorama es menos claro aún, ya que cada sesión depende de un engorroso acuerdo con Juntos por el Cambio y con bloques menores cada vez menos dispuestos a sentarse a negociar con el kirchnerismo una agenda de temas que no sea de alta prioridad política o económica.
En ese sentido y con el Presupuesto 2022 esperando su discusión en comisiones, la conducción oficialista que encarnan Sergio Massa y Máximo Kirchner tiene poco margen para impulsar sesiones con temas que solo despiertan interés en el Frente de Todos o que tengan un costado polémico, como el proyecto de ley de envases.
El debate del Presupuesto se complejizó con el anuncio de Alberto Fernández de que enviará en la primera semana de diciembre el denominado plan plurianual, supuesto programa económico que le permitiría cerrar el demorado acuerdo con el FMI. Así lo dijo el jefe del Estado, cuando anuncio la iniciativa y dijo que contemplará “los mejores entendimientos” a los que se pueda arribar con el organismo de crédito.
En realidad, el telón de fondo de tanta demora es la fuerte diferencia que existe entre el Presidente y Cristina Kirchner en torno a cómo pararse ante el Fondo Monetario y la profundidad del ajuste que debería realizar el Gobierno para poder cerrar trato con el FMI.
Mientras el Gobierno elabora el plan plurianual para encontrarle una salida al tema de la deuda, el oficialismo busca impulsar en la Cámara baja una agenda de temas que incluye iniciativas como la creación de comités mixtos en materia de prevención de riesgos del trabajo y el proyecto de gestión de envases, cuestionado por crear una tasa ambiental que deberán pagar los productores, quienes ya advirtieron que el impuesto se trasladará al precio de los productos.
La oposición retruca reclamando la aprobación de la denominada ley de “ficha limpia”, que prohíbe ser candidatos a condenados por la Justicia, declarar la emergencia educativa y avanzar con una ley de extinción de dominio, proyectos con los que el Frente de Todos no quiere saber nada.
