El oficialismo kirchnerista en el Senado de la Nación, sin tapujos y sin vergüenza republicana, acaba de institucionalizar el descarado mundo de la trampa. Y es que está claro que la última elección popular en función de la cual se produjo la conformación de los bloques en mayorías y minorías, fue la del año 2021, de la que resultó que, al menos en el Senado, el PRO es la segunda minoría.
Eso no cambió todavía, y por lo tanto, para las designaciones de los cuatro consejeros que el Senado debe enviar al Consejo de la Magistratura, debe tenerse en cuenta esa foto, porque más allá de la maniobra fraudulenta de dividir el bloque mayoritario, hay un fallo del máximo tribunal que así lo dispone. Sin embargo ayer, el Senado, ha incurrido descaradamente en una nueva violación al criterio sustentado en ese fallo.
Y lo hizo designando otra vez a Martín Doñate como representante de una “mentirosa” segunda minoría. Y es “mentirosa” porque de los cuatros senadores que irán al Consejo por el período 2022-2026, tres son del mismo interbloque, violándose lo dispuesto por la ley 24.937, que exige la representación de las dos primeras minorías. A esto , cabe señalar que se suma una escandalosa hipocresía.
Y es que Cristina Fernández sabe que todo esto es delictivo y que constituye mal desempeño por parte de quien interviene en la maniobra; por eso, con el argumento de que está transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo, le delegó la perpetración de la estrategia delictiva a la presidenta provisional del Senado, que fue la que emitió el decreto de designación del senador Martín Doñate.
Y a su vez, ésta, para lavar sus culpas, convocó improcedentemente al Senado para que los legisladores oficialistas avalen el ardid, involucrándolos en la maniobra ilegal. El problema es que esta convocatoria no fue procedente, porque la ley del Consejo de la Magistratura establece que la designación de los senadores para formar parte de él, la realiza el presidente del Senado, y no el Senado mismo.
Cristina Kirchner se lavó las manos, e hizo que se las ensucie la presidenta provisional del Senado, para quien menos sucias le quedaban si compartía el ilícito con los senadores oficialistas. Perpetrada la maniobra, ahora el presidente de la Corte (quien por ley también preside el Consejo de la Magistratura), no tiene otra opción que tomarle juramento a Doñate. No podría no hacerlo, porque ya lo hizo cuando se lo designó anteriormente para terminar el período 2018-2022.
Por lo tanto la cuestión deberá volver a judicializarse, iniciándose otro reclamo hasta llegar nuevamente a la Corte, o pidiéndosele a ésta una aclaración en cuanto el sentido y alcance del fallo emitido la semana pasada. En un Estado de Derecho, pueden analizarse los fallos de la Corte, discutirse, y hasta disentir con ellos. Lo único que no puede hacerse, es incumplirlos. Eso es mal desempeño. Eso es un delito. Y es lo que aquí ha ocurrido.
