Cristina Kirchner quiere parar el juicio por el Pacto con Irán como sea. ¿Y por qué Cristina quiere parar este juicio como sea, si se supone que al menos dos de los tres miembros del tribunal le serían favorables? Porque quiere evitar a toda costa la foto de estar en el banquillo juzgada por encubrir terroristas. Si el debate comienza, con más de 300 testigos previstos, podría depararle más tragos amargos a la vicepresidenta.
Y es que el testigo número 56 es Antonio Stiuso, el ya célebre ex espía que Néstor Kirchner empoderó y Cristina terminó echando. El mismo que declaró ante la justicia sobre la muerte de Nisman: “Quisieron simular un suicidio y les salió mal”. Cristina no quiere esos títulos en las agencias internacionales y hay pedidos acumulados de ella, de Zannini, de Parrilli, del Cuervo Larroque y del viceministro de Justicia Mena para que el juicio no empiece nunca.
Lo que pide Cristina es una audiencia pública, una figura no prevista para estos casos, para plantear la nulidad de todo lo que se hizo y armar un escenario político donde volver a argumentar el lawfare en su contra. Ya lo hizo en la causa del dólar futuro, pero ahí la audiencia pública está contemplada porque era ante Casación y no ante un tribunal oral, donde la naturaleza es decir lo que se quiera durante el juicio, que por eso es oral y público.
Esta vez pide la audiencia antes del juicio denunciando que los jueces Hornos y Borinsky, de Casación, iban a ver a Macri cuando decidieron reabrir el caso. Los acusa de parcialidad. Eso aún debe investigarse pero, aun así, eso no afecta la prueba recolectada en la investigación, hecha por otro juez y otro fiscal, que fue lo que hizo que el caso llegara a juicio. De todos modos, Cristina o cualquier imputado podría plantear la nulidad en la primera audiencia del debate.
Y es que se trata de un mecanismo que sí está previsto en la ley. No quiere eso, el juicio por encubrir terroristas, y sus repercusiones internacionales, ya habrían comenzado. La estrategia pública va paralela a la judicial, en ese terreno tratarán de imponer la opinión de que el Pacto con Irán fue una decisión política no judiciable, pero esa táctica en realidad tampoco tiene sustento lógico.
Y es que no acusan a Cristina y sus coimputados de firmar el tratado con Irán en sí mismo, una decisión política, sino de armar un plan para garantizar la impunidad de los terroristas involucrados, un delito. Según la acusación que en su momento hizo el fiscal Nisman, el tratado fue sólo un instrumento para llevar adelante el plan criminal, como en su momento sostuvo también el ahora presidente Alberto Fernández.
Haya culpabilidad o absolución, no se juzgará una decisión política sino una imputación penal que puede o no quedar demostrada. Esto es absolutamente judiciable. Aunque Cristina pidió algo que no existe ya que no figura en el Código Procesal la posibilidad de que un imputado hable en la audiencia pública de un tribunal oral antes del juicio, justamente porque para eso está el juicio, el fiscal Marcelo Colombo opinó que igual deberían darle esa oportunidad inédita.
