En la primera jornada del histórico juicio a los acusados de la sedición policial que derivó en los saqueos de diciembre de 2013 hubo de todo, desde llantos hasta reprimendas por imputabilidad, pero lo más fuerte fue la revelación de que más de la mitad de los imputados, siguen prestando servicios en la Policía de Tucumán.
Los acusados de varios delitos, que si son encontrados culpables pueden recibir una condena de cumplimiento efectivo, tienen un respaldo legal: no pueden ser expulsados de la fuerza hasta que no sean declarados culpables por un tribunal. Sí pueden estar disponibles hasta dos años como máximo. El expediente de la sedición tardó 10 años en llegar a juicio.
Sólo fueron obligados a retirarse los siete acusados de ser cabecillas. Las bajas se registraron en 2015, luego de que varios de ellos comenzaran a recuperar la libertad o se encontraban libres por esta acusación.
Siete de ellos se jubilaron después de los acontecimientos, entre ellos, el ex jefe de Policía Jorge Racedo que renunció en su cargo el 11 de diciembre de 2013. Mientras que cinco ya habían dejado de pertenecer a la fuerza mucho antes de que el caos se apoderara de las calles de la capital tucumana. “Ellos acompañaron a los huelguistas por una sola razón: también recibirían una mejora salarial”, comentó uno de los defensores.
Antes de que comenzara el debate, un hombre se paró ante los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas (presidente) y Luis Morales Lezica, y pidió hablar. “Soy Ariel Herrera y no debería estar aquí”, señaló. Era el acusado que tenía pedido de detención desde octubre pasado por no haberse presentado ante las autoridades.
Fradejas le recriminó por qué no había informado su cambio de domicilio y le dio dos opciones: quedar detenido y esperar que se hiciera otro juicio en su contra o, en su defecto, que acepte ser asistido por una de las defensoras oficiales y sumarse al debate. No dudó en aceptar la segunda opción.
Manuel Reynoso también fue reprendido por los jueces. El acusado llegó tarde a la audiencia que debía comenzar a las 9. “Perdón, es que por el problema de los colectivos me demoré”, se justificó el imputado. Fradejas les dijo a todos los acusados que debían tomar los recaudos para que no se repita este inconveniente. “Si es necesario que estén una hora antes, háganlo”, les advirtió.
“No me da vergüenza llorar. Es que quiero contar la verdad porque estoy acusado de algo que no cometí”, dijo Pablo Pérez, policía retirado en 1983 y que estuvo detenido más de dos años por esta causa. “Quiero declarar, pero mi defensor (Pablo Rivera) me recomendó que no lo hiciera. Le hice caso porque es un hombre que desde hace años que no me cobra ni un centavo por ayudarme”, añadió.
El otro momento de máxima tensión se produjo cuando pasó a decir sus primeras palabras Sergio Hogas, señalado como uno de los cabecillas de la sedición. Un efectivo lo acompañó sosteniéndolo para que pudiera declarar. “Tengo problemas porque sufro con el Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Sólo estoy bien cuando el Gobierno me da los remedios para que me coloquen”, aseguró el imputado que también estuvo detenido por varios meses hasta que le otorgaron el arresto domiciliario por problemas de salud.
Se trata de un trastorno poco frecuente que provoca que el propio sistema inmunitario de la persona afectada ataque sus neuronas, lo que provoca debilidad muscular y a veces, parálisis. “También tuve Zika que es muy común en las personas que tenemos este mal”, concluyó quien está sindicado como uno de los cabecillas de la rebelión.
