En una entrevista exclusiva del Dr. Gustavo Morales con Tucumán Despierta, manifestó que el 24 de junio presentó un pedido de informes en contra de la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, porque a principios de marzo de este año y desde entonces en adelante, “ilegalmente se vacunó a 93 comisionados comunales”, respecto de lo que existen dos tipos de análisis posibles desde su mirada.
“Desde el punto de vista político, Manzur se apoya en los 93 comisionados comunales porque constituyen su base electoral en el marco de su estrategia política, no sólo en el marco de las elecciones inminentes. Sino también esto se da en un contexto de lucha política con el vicegobernador Osvaldo Jaldo”, analizó. “Por eso la vacunación privilegiada a los comisionados comunales, agregó Morales.
“No es un hecho de corrupción más, ni es casual ya que se enmarca en este contexto político, por eso es que prioriza a los comisionados rurales”, dijo el abogado. Y mencionó que “desde el punto de vista legal, esto puede constituir la presunta comisión de hechos delictivos porque hay dos resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación y un Acta Administrativo de la Jefatura del Gabinete de Ministros que establecen cuáles son los requisitos para las vacunas”.
Ahora bien, analizó que en este caso, lo que debía de hacerse de parte del gobernador tucumano y su ministra de Salud, era “mediante un acto administrativo, colocar la nómina de comisionados comunales con todos sus datos personales que proponían para ser vacunados y eso iba al Ministerio de Salud de la Nación que aprobaba esa nómina, pasaba por la Jefatura de Gabinete de Ministros y también mediante un acto administrativo se autorizaba al Poder Ejecutivo local”.
Al respecto, el abogado Morales se encargó de aclarar que, en este sentido, “no hay excepción alguna”. Pero además, remarcó que el artículo 6 de esa resolución, establece que toda esa información relacionada a la vacunación de los funcionarios públicos es asequible a todos los ciudadanos, es decir, es información pública y las autoridades que sean requeridas tienen la obligación de exhibirla”.
Por esta razón, Gustavo Morales intimó mediante carta documento a la ministra de Salud que le exhibiera toda la documentación relacionada con la vacunación de los 93 comisionados comunales en el marco del COVID-19. “No me contestó, entonces la denuncié en la Fiscalía General Federal, a cargo del Dr. Gustavo Gómez, tanto a ella como al gobernador Manzur y a los 93 comisionados comunales”, explicó.
Estas son actuaciones preliminares 334/2021 y además interpuso un habeas data exhibitorio en contra del Poder Ejecutivo provincial en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para que me exhibieran toda esa información que es pública. En ese sentido, cerró diciendo que “pienso que después de que se defina la situación extremadamente complicada en la que se encuentra el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, tendrían que continuar con la ministra Rossana Chahla” en la Legislatura provincial.
