Sin resolución acerca del pedido de impugnación de Silvia Agüero como candidata a decana de la Facultad de Artes de la UNT, luego de lo que fue la polémica conformación de la nueva Junta Electoral de la casa de Altos Estudios con motivo de las elecciones de Rector y Vicerrector, Adriana Marín, quien había solicitado la medida, recurrió a la Justicia Federal para que tome cartas en el asunto.
Denunció a la decana de Artes, Estela Noli, y a quien pretende sucederla en el cargo por los delitos de nombramiento ilegal de funcionario público, abuso de poder y fraude en perjuicio de la administración pública. Agüero se acogió de forma voluntaria y anticipada –ya que por su edad no estaba obligada a hacerlo- al régimen jubilatorio para investigadores científicos y tecnológicos.
Según reza en la resolución 41/05 de la Secretaría de Seguridad Social en su artículo 8 la incompatibilidad mencionada, y teniendo en cuenta el cargo al que se postula, la candidatura no es posible. “El goce del Suplemento Régimen Especial para Investigadores Científicos y tecnológicos será incompatible con el desempeño de cualquier actividad de relación de dependencia, con excepción del reingreso o la continuidad en la actividad en cargos docentes universitarios o de investigación en universidades nacionales, provinciales o privadas, autorizadas a funcionar por la autoridad competente”.
Por otra parte, el Estatuto de la UNT establece en su capítulo IX, artículo 52, ser profesor regular titular o asociado a la facultad como condición para ser decano o vicedecano. La todavía candidata al Decanato de Artes presentó su renuncia como docente en 2019 para acogerse al régimen previsional de la ley 22.929, que establece una jubilación del 85% móvil para los investigadores científicos.
Asimismo, cabe mencionar que Marín denuncia, además, que pese a lo establecido en el régimen jubilatorio al que accedió Silvia Agüero, ésta percibe en la actualidad un sueldo como funcionaria de la Facultad de Artes. “Un flagrante estado de incompatibilidad en perjuicio de las arcas de la Universidad y por ende al Estado Nacional”, se lee en el documento de la denuncia realizada.
Por esto último es que Marín decide denunciar penalmente a Noli, ya que considera que “esta situación no puede desconocer la actual decana de la facultad, que en connivencia con la Sra. Agüero firmó su designación”. Un delito que, de comprobarse, podría costarle una multa económica, de seis meses a dos años de inhabilitación y hasta seis años de cárcel a las denunciadas.
