Dos dirigentes de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA)fueron detenidos por un bloqueo a la empresa Expreso del Oeste, y la Policía encontró un arsenal en la casa de uno de ellos: se trata de Elías Martin Cabrera, a cargo de la delegación Oeste y a quien le secuestraron siete fusiles y una pistola 9 milímetros.
La causa, que tiene ya otros cinco detenidos, se inició el año pasado cuando el empresario Esteban Falcigno contó en sede judicial que un grupo de sindicalistas ingresó a la empresa de transportes, lo golpearon, amenazaron y bloquearon el ingreso a la firma. Los detenidos también se llevaron el disco rígido con las cámaras de seguridad internas.
Cuando ocurrieron las detenciones, el pasado 11 de mayo, secuestraron en la sede de la UTA de La Matanza una escopeta 12/70 con postas de goma. Como entonces no fue hallada su documentación del arma, se abrió también una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego.
Las detenciones fueron resueltas por el juez de Garantías de La Matanza, Agustín Gossn, luego de dar lugar a un pedido de la fiscal Analía Córdoba, quien investigó el hecho junto con la secretaria Andrea Seminara y con la colaboración del comisario Flavio Marino, director del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense.
Semanas atrás, cuando se produjeron las primeras detenciones, circuló un video que exhibe el accionar de los implicados. Los hombres ingresan por la fuerza a una oficina de la empresa mientras un empleado intenta frenarlos. El joven cae al piso y los hombres lo increpan.
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Entre quienes fueron detenidos el 11 de mayo figuran un delegado y cuatro activistas de UTA. Algunos ocupaban cargos jerárquicos en la Seccional Zona Oeste del gremio.
A un dirigente de la UTA le secuestraron un arsenal en la casa: la investigación
La imputación a los siete sindicalistas de la UTA es por amenazar al dueño y los trabajadores de la empresa de colectivos Expreso del Oeste, el 25 de febrero y el 27 de agosto de 2021, en dos violentos bloqueos que se desarrollaron durante varias horas a partir del accionar de personas en su mayoría ajenas a la empresa, con la excepción de un delegado sindical.
Durante los últimos meses la fiscalía trabajó con cámaras de seguridad de comercios de la zona y de la propia empresa para reconstruir los hechos.
Los investigadores tomaron nota de las patentes de los vehículos que participaron de los ataques y analizaron los teléfonos para poder dar con los autores del hecho.
Finalmente, la fiscalía solicitó el allanamiento de los domicilios y la detención por los delitos de perturbación de transporte por tierra, asociación ilícita, extorsión y amenazas coactivas.
