Dos ministros nombraron ayer sus directores de Transparencia sin los requisitos mínimos para el cargo

Atención joven argentino que trabaja, estudia y hace méritos para tener un trabajo estable: para el Estado empleador poco valen esos méritos.

A diario, con decenas de contrataciones que se pueden ver en el Boletín Oficial, la Argentina consagra el principio del amiguismo, la militancia o la pertenencia muy por encima de los antecedentes, la experiencia o la constancia. Dos casos de ayer no se ajustan a los requisitos, pero no son los únicos.

Dos ministros, el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su colega de Transporte, Alexis Guerrera, fueron los responsables de dos resoluciones que se publicaron ayer. Ambos coincidieron en una misma situación: nombraron como directores nacionales de Transparencia a dos funcionarios que no cumplen con las condiciones requeridas para ocupar esos sillones.En el primer caso, la falencia es la falta de título universitario; en el otro, la ausencia de un posgrado en la especialidad que pide la norma.

“Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el señor… los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio”, dice la fórmula con la que a diario se dilapida el mérito de miles de argentinos que podrían acceder a cargos en la Administración Pública si las postulaciones fueran abiertas”, dicen copiadas y similares, las dos resoluciones que nombran al “señor Lautaro Aragón en el cargo de director de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Social” y a Sebastián Malis como director de Acceso a la Información y Transparencia de la cartera que conduce Guerrera.

En rigor, la excepción hecha con los dos funcionarios no es otra cosa que lo que sucede en un alto porcentaje de nombramientos que no reúnen los requisitos que son la base para acceder a las categorías más altas de la Administración Pública.

LA NACION chuequeó sólo la última semana y existen 39 nombramientos similares distribuidos en todo el Estado y alcanzan, entre otros, a los ministerios de Desarrollo Productivo, Turismo, Cultura, Seguridad, Economía, Hábitat, así como la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que maneja Gustavo Beliz, y varios organismos como el Inadi o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Más allá de los 39 nombramientos sin méritos con que el Gobierno se despachó en los últimos cinco días hábiles, llama la atención que en Desarrollo Social y Transporte los que no dan las condiciones mínimas para el cargo tendrán a cargo el control de Transparencia de esos ministerios. Justamente de ellos depende el control de los actos administrativos y de que se cumplan los requisitos y las condiciones de cada uno de esos movimientos del Estado.

Nada se se suele saber respecto de qué requisitos le falta a la gran mayoría de funcionarios que se nombran bajo este sistema de excepción. A la política empleadora no le interesa fundar demasiado sus decisiones: copian el decreto que les da la llave para pasar por encima los requisitos, cambian apellido, documento y cargo y se firma.

“Aragón tiene experiencia en la gestión pública en el área de transparencia, pero aún no tiene título universitario -cursa la licenciatura en Estudios Políticos en la Universidad Nacional de General Sarmiento- y por eso su nombramiento salió por el procedimiento previsto de excepción. Fue secretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Municipalidad de Hurlingham, coordinador del Laboratorio Federal de Innovación Pública de la Mesa Federal de Participación Ciudadana, redactor de ordenanzas de Audiencias Públicas y del proyecto de impersonalidad de publicidad oficial, entre otras“, contestaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social.

Sebastián Malis es bonaerense, abogado y concejal de la localidad de 9 de Julio por el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa. De acuerdo a los requisitos del artículo 14, cumple con la condición de título universitario, pero no tiene un posgrado en la especialidad. Desde el ministerio contestaron que sí posee antecedentes. “Desde 2019 asesora en el proyecto Subte-Data el cual es un programa de información con acceso abierto para el análisis y generación de políticas públicas basado en el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires donde trabaja como asesor legal y de implementación para nuevos modos de transporte”, apuntaron desde la cartera.

La historia de los nombramientos sin requisitos es una constante. Por caso, Victoria Gallo Llorente fue la creadora del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, “cuya función será garantizar la transparencia en la gestión pública de todas las áreas del organismo, el libre acceso a la información acerca de las políticas de género y diversidad que desarrollamos desde el Ministerio y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía”. Llorente también fue nombrada sin los requisitos mínimos.

El 14 de octubre de 2020, bajo la referencia “Dase por designada Directora de Integración de Políticas de Transparencia en Infraestructura”, se publicó la decisión administrativa 1855/2020 del Ministerio de Obras Públicas donde fue nombrada en el cargo la licenciada en Trabajo Social Romanela Cristina Conte. En el párrafo siguiente se lee: “Se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la licenciada en Trabajo Social Conte los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio”.

La piedra que la política tiene que sortear para detonar la meritocracia e instaurar el amiguismo político es el famoso artículo 14 del decreto 2098 de 2008, donde se homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y el Acta Acuerdo y su Anexo del 5 de septiembre de 2008.

En ese artículo se establecen las condiciones necesarias para acceder a los diferentes niveles escalafonarios de la administración pública. El corpus jurídico rubricado por la entonces presidenta Cristina Kirchner describe en el artículo 13 los diferentes niveles (van desde el más alto que es el A hasta el más bajo que es el F) las tareas que tendrán cada uno de ellos. El que está en la parte superior de la Administración “comprende al personal designado para desarrollar funciones de planeamiento, asesoramiento, organización, dirección de nivel ejecutivo y/o control de unidades organizativas o grupos o equipos de trabajo de muy considerable responsabilidad (…)”. El que está en el otro extremo establece que es aquel “personal designado para cumplir con funciones de cierta diversidad y especialización elemental que comportan la aplicación de conocimientos y habilidades muy específicas bajo rutinas e instrucciones o directivas muy precisas”.

El artículo 14 avanza sobre los requisitos mínimos para cada nivel. Los funcionarios con cargo de Director, en general, son nivel A o B.

El nivel A exige “título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a 4 años y a la función o puesto a desarrollar; especialización avanzada en los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios de postgrado o en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional; experiencia laboral en la especialidad no inferior a 6 años después de la titulación y, finalmente, “experiencia laboral acreditada en dirección de equipos de trabajo de gran envergadura o complejidad por un término no inferior a 3 años”.

El nivel B requiere lo mismo solo que el título puede ser de nivel universitario o terciario de carreras de duración no inferior a 3 años y una experiencia laboral correspondiente a la función o puesto a desempeñar no inferior a 6 años. La experiencia se reduce a tres años en la especialidad del cargo y la que se pide en manejo de equipos de trabajo se reduce a dos años.

Pese al puente de la excepción que construyó la política para que caminen prestos sus amigos, militantes o referidos, la redacción del artículo tiene su explicación. Sucede que la gran mayoría de las administraciones públicas profesionalizadas mantienen el cargo de Director para profesionales y especialistas, no para políticos, para quienes les reservan los cargos de secretario y subsecretario, además de ministro. De hecho, deberían ser lugares que se concursan y que forman parte de la carrera en la Administración Pública. Pero se sabe que en la Argentina cada vez que hay una elección, los amigos del ganador se frotan las manos. Así, han convertido la excepción en regla.