El 31 de diciembre, a horas de que se iniciara la feria judicial, en la fiscalía de Atentados contra las Personas, ingresó un escrito anunciando que los familiares de las víctimas habían arribado a un acuerdo y que querían cerrar el expediente a través de un juicio abreviado en uno de los casos más polémicos de 2022. Ahora sólo falta el desarrollo de una audiencia en la que Armando Zarlenga (h) reciba una pena de cumplimiento condicional y los familiares de los dos fallecidos en el accidente acepten una millonaria reparación económica por el daño causado.
El 25 de abril, Zarlenga les causó la muerte a Maximiliano Saldaño y a Joaquín Franck Colombres al embestir su camioneta con la moto en la que se trasladaban las víctimas por avenida Mate de Luna. Los estudios realizados al acusado dieron cuenta de que conducía alcoholizado y los acusadores no pudieron demostrar que haya consumido cocaína. Al señalado como responsable se le dictó la preventiva efectiva y luego se le otorgó el arresto domiciliario, medida que cumplió hasta el 12 de diciembre.
El fiscal Pedro Gallo lo acusó de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de una camioneta, triplemente agravado por la pluralidad de víctimas, por nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre y por exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida. Anunció también que solicitará una pena de cinco años.
Los querellantes Jorge Lobo Aragón y Federico Iramain, que representan a la madre y al padre de Franck Morales, y Humberto Domingo Castaldo, que atiende los derechos de la familia Saldaño, no compartieron la opinión del fiscal y solicitaron que sea enjuiciado por homicidio culposo con dolo eventual y anticiparon que solicitarían que sea condenado a 12 años de prisión.
Trabas
Camilo Atim y Ernesto Baaclini, defensores de Zarlenga, desde un primer momento buscaron que el caso sea resuelto a través de una salida alternativa, que es lo que normalmente sucede en este tipo de casos desde que se puso en vigencia el nuevo código procesal penal en septiembre de 2020. El objetivo es evitar un desgaste innecesario tanto para las víctimas como para el imputado y, al cerrarse el expediente lo más rápido posible, la Justicia podría tener más tiempo y recursos para investigar otros casos más complejos.
Para ello, ofrecían que su pupilo se hiciera cargo penalmente del hecho y reparar económicamente a las víctimas, a cambio de que recibiera una pena de tres años de cumplimiento condicional, es decir, que no cumpliría la pena en el interior del calabozo.
Sin embargo, los querellantes se opusieron durante los meses que duró el proceso a buscar una solución alternativa e inclusive estaban dispuestos a pedir un agravamiento de la imputación, ya que consideraban que el homicidio culposo era con dolo eventual, por lo que la pena sería mayor.
Hubo varias negociaciones que fracasaron. El fiscal Gallo fue el encargado de mediar, por pedido de los jueces Gonzalo Ortega y Facundo Maggio, para que las partes trataran de llegar a un acuerdo. Su par Diego Hevia, que manejó el expediente cuando asumió en el cargo, hizo lo mismo, pero dejó de lado toda gestión luego de que se arribara a un principio de arreglo que fue desestimado a último momento.
Al no haber un acuerdo, se había fijado el inicio del debate para el 22 de febrero. El juez Federico Moeykens fue designado para llevar adelante las siete audiencias que se programaron. Antes de esa instancia, se había acordado que el 1 de febrero la realización una audiencia para definir el delito por el que sería enjuiciado, ya que existen diferencias entre lo planteado por el representante del Ministerio Público Fiscal y las querellas.
Detalles
Pero nada de ello ocurriría. En el borrador del último acuerdo al que tuvo acceso LA GACETA en exclusiva, establece que Zarlenga recibiría una pena de tres años condicional (el máximo de la pena es de cinco años). También recibirá una inhabilitación para conducir cualquier vehículo. La norma establece que la sanción debe ser de entre cinco y 10 años, pero en este caso le aplicarían ocho.
En ese preacuerdo también aparecen los montos de la reparación económica que recibirán los familiares de las víctimas. Fuentes judiciales confirmaron que serán $39 millones (unos U$S 106.000) -$13 millones (unos U$S35.300) para cada una de las tres víctimas- y además habrá $1 millón (unos U$S2.200) que el acusado donará a una organización, que según trascendió, sería a una fundación que se dedica a las personas con problemas de adicción.
Lobo Aragón y Castaldo confirmaron la existencia del acuerdo y estimaron que podría ser tratada en una audiencia programada para el 1 de febrero. El código establece que es el fiscal el que debe definir la continuidad de este acuerdo. Tanto Gallo como Hevia fijaron una postura: no hacer nada sin el consentimiento de las víctimas. Como fueron ellos los que solicitaron que se avance con el acuerdo, no habría ningún impedimento para que llegue el acuerdo. Una vez realizado, durante una audiencia, un juez deberá aprobarlo.
Sorpresa en tribunales: una suma de dinero que es récord
Si el acuerdo llega a ser homologado por un juez, será el más importante que se haya registrado en la provincia desde que está en vigencia el nuevo código procesal penal. “No hubo nunca antes una reparación tan elevada”, sostuvo Humberto Castaldo, uno de los abogados que asumió la querella en el caso. Por expedientes de homicidios culposos, se pagaron reparaciones que oscilaron entre los $200.000 y los $2 millones. Hubo otros expedientes en las que las partes aceptaron bienes como forma de pagos. Entre ellos se destacan terrenos y vehículos, pero nunca superaron los $13 millones que recibirán los familiares de las víctimas del accidente.
