“Escandalosa y cortesana”, así calificó Luis Iriarte a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán luego de que conociera la negativa al amparo presentado para acceder a la nómina del personal del Poder Legislativo. Se trata de una relación con evidentes ligazones espurias entre ambos como bien se señalara en más de una oportunidad y de manera reiterada de parte de Tucumán Despierta.
Ante este contexto, el amparista Iriarte cuestionó el rechazo entendiendo que el amparo “estuvo fundado en el derecho de acceso a la información pública consagrado por nuestra forma republicana de gobierno, por normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con jerarquía constitucional y por la Carta Democrática Interamericana”. Pero eso no fue todo ya que redobló la apuesta.
En ese sentido, el ex convencional constituyente señaló que “la Corte de Justicia, con la firma de su presidente Daniel Leiva, de estrecha vinculación política con el actual gobernador interino Osvaldo Jaldo, de Eleonora Rodríguez Campos, Daniel Posse y el camarista Sergio Gandur, dictó sentencia rechazando mi acción de amparo”. Y agregó: “peticioné, en esa acción, la publicación de la nómina de todo el personal, permanente y temporario, incluyendo sus documentos de identidad y de asesores de legisladores”.
“Incluyendo sus remuneraciones mensuales, que se desempeñaron durante la gestión de Jaldo como Vicegobernador desde 2015 hasta junio de 2020. Vinculé mi reclamo con las astronómicas sumas asignadas al presupuesto legislativo, una de las más caras del país, que pagan los contribuyentes cumpliendo sus gravosas obligaciones fiscales”, especificó Luis Iriarte de forma categórica.
Iriarte expresó también que “falsamente” la Corte afirmó que su intención “fue exponer la opinión política de las personas que se desempeñaron y desempeñan como empleados legislativos, al peticionar la publicación de los datos de sus nombramientos, y que esa información era ‘dato sensible’ porque revelaría la opinión política de cada una de esas personas involucradas’”.
“Sospeché, dado el estricto secretismo en torno a estos datos, que era posible pensar en un uso y abuso de los recursos públicos en la Legislatura, aplicados discrecionalmente a ‘amigos del poder’ o a ‘familiares del poder’, o a ‘militantes del poder’, con consecuencias relevantes en los procesos político-electorales, afectando la igualdad de oportunidades para postulaciones a cargos públicos”, señaló.
“Lo que nunca pude imaginar fue que el vicegobernador, por su enfrentamiento personal con Juan Manzur, cesanteara mil cien empleados contratados a pedido de legisladores que expresaban su adhesión política al Gobernador”, enfatizó Luis Iriarte. Y hasta se dio el lujo de comparar al actual titular del Poder Ejecutivo con un “capataz de estancia” por el manejo realizado con el dinero público.
“Esto da una idea aproximada de la importancia de conocer y divulgar la información requerida en mi amparo”, remarcó. Finalmente, el letrado recalcó que por decisión política de quienes gobiernan, la provincia todavía no tiene ley de acceso a la información pública. “La sentencia dictada pudo suplir esta ausencia de ley reglamentaria ordenando la publicación de esta esencial información. Optó por congraciarse con el oficialismo de turno. Gravísimo, por cierto”, finalizó.
