“Firmo cada palabra que usted dijo”, le dijo Alberto Fernández al cardenal Mario Poli, luego de escuchar una tibia homilía que no se centró en la responsabilidad oficial en el aumento de la inflación, el índice de pobreza o la marginalidad. Aunque eso hubiese sido esperable, la preocupación estaba puesta en si durante el Tedeum del 25 de Mayo el cardenal hacía referencia a su vergonzoso acuerdo monetario con la justicia para salir airoso del Olivosgate. No sucedió.
Y Fernández se sintió victorioso, no es para menos, acaba de violar uno de los principios vitales de una república democrática como es la igualdad ante la ley y en su primera exposición pública de “riesgo” sale airoso. Es que luego de que el juez federal de San Isidro aceptara las ofertas para cerrar la causa quedó flotando la sensación de que, con su decisión, el juez Mirabelli dejó un pésimo mensaje a la sociedad: con dinero y poder, se puede eludir a la justicia.
En el entorno del Presidente especulan, como es de prever, que con el correr de los días se deje de hablar de este tema. Y tienen razón, así será porque la noticia comenzará a agotarse y porque la política, la economía y la misma realidad cotidiana hacen que tengamos con qué entretenernos y preocuparnos cotidianamente. Pero lo que no se olvidará tan rápido es esa sensación de impunidad de la que gozó Alberto Fernández.
Que esta vez no fue tan enérgico con el manejo de la autoridad para demostrar con hidalguía la aceptación de un delito como lo fue para advertirnos sobre su incumplimiento de modo amenazante a cada uno de nosotros. Seguramente la sociedad, por sus mismas necesidades, esté más atenta a la inflación, la economía, ese fin de mes que cada vez queda más lejos, y dejará de reparar en la causa de la fiesta de Olivos.
Sin embargo, no será fácil dejar atrás esa sensación de injusticia que provocó saberse viviendo en un país con privilegiados, de sentirse en desigualdad ante la ley, cuando un juez definió que se puede “entender” que el Presidente puede saldar como un ciudadano común su falta porque no ejercía en el momento de violar la norma que el mismo había creado, como si el primer mandatario gozara de un horario de trabajo determinado.
Todo esto hace que la democracia, con todas sus virtudes, pierda calidad y retroceda unos cuantos casilleros hasta ubicarse en un lugar donde el sistema republicano nos demuestra que a veces solo lo es en apariencia y formas. Ese es el mayor daño que nos hizo todo este escenario: alimentar el descreimiento social sobre la decencia natural que debería significar vivir en democracia.
Por eso ya no importan los tres millones de pesos, la interpretación judicial y el costo o rédito político que podría sufrir o beneficiar al Presidente, lo que importa es que durante su gobierno, que tuvo que administrar una de las peores etapas de la historia de la humanidad moderna como fue la pandemia, se cometieron delitos y se abusaron de privilegios vergonzantes como con el vacunatorio Vip.
