Hay tarifas dolarizadas
Eligió la ruta nacional 89 para llegar a Santiago del Estero sin ser descubierto. Pero un sorpresivo control de Gendarmería Nacional lo detuvo a la altura de Quimilí. El tucumano de 70 años, que viajaba con dos personas, se puso muy nervioso ante la presencia de los uniformados. Con la ayuda del perro Julio, los efectivos descubrieron que el hombre transportaba más de dos kilos de cocaína ocultas en el tablero del Renault Sandero.
Entre lágrimas, el acusado les explicaba a los gendarmes que él no tenía nada que ver, que no sabía que llevaba esa droga ahí. “Eso dicen todos, pero en realidad, los delincuentes contratan a esta pobre gente para que hagan esta parte del negocio”, indicó una fuente de Gendarmería. Este trabajo está tarifado: U$S 100 por cada provincia que deben cruzar. Si el destino final de la carga es Buenos Aires, por ejemplo, de Salta a Buenos Aires, la tarifa será de U$S 500, aunque por la cantidad ese valor se puede incrementar.
Hay una estrategia tan antigua como el narcotráfico como actividad ilícita. El envío de sustancias por encomiendas. En los últimos tiempos esta modalidad creció considerablemente por un cambio de costumbre comercial: las ventas online. “Antes los bultos se enviaban por las empresas de colectivos y por correo. Pero ahora son cada vez más las firmas que hacen traslados de encomienda, por lo que resulta complicado hacer un mayor control”, destacó un funcionario de la justicia federal.
Un joven del este tucumano, fue contactado en La Ciudadela por un referente de la barra brava de San Martín. Le ofreció pagarle $ 100.000 si prestaba su nombre para que le enviaran bultos con marihuana a su nombre, los retirara de la empresa y los entregara en un domicilio de un barrio de la capital tucumana. Los Gendarmes descubrieron un envío y, con autorización judicial, concretaron una entrega vigilada. En otras palabras, hicieron guardia hasta que el acusado se presentó a retirar el paquete. Cuando lo hizo, quedó detenido. Fue procesado por transporte de droga y, al no haber espacio en Villa Urquiza ni en las cárceles federales de la región, terminó en el penal de José C. Paz, provincia de Buenos Aires.
“Las organizaciones dedicadas a la venta de drogas, ya sea en grandes o pequeñas cantidades, trabajan con gente que vive de eso lo que genera que sea más difícil combatirlas”, aseguró el abogado José María Molina. “Esas personas conocen cómo se hacen las investigaciones y dificulta la investigación de las fuerzas de seguridad. Estas personas suelen estar muy atentas a una situación atípica que se presenta y por ahí, me imagino que su información sirve para desviar el recupero de algún procedimiento exitoso”, finalizó.
El alto costo del silencio
Cuando se enteró de la caída de sus amigos estaba por presenciar la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro. Al llegar a la provincia, lo primero que hizo fue contactarlos para asegurarse que no lo señalarían como líder del eslabón tucumano de una organización que traficaba cocaína a Córdoba, Rosario, provincia y ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la investigación, Mariano Santillán, hermano del comisionado de la localidad santiagueña de Villa Matoque, Alejandro Alfonso Santillán, traficaba la droga desde Aguas Blancas o Salvador Mazza y la trasladaba hasta nuestra provincia. Después de enfriar la sustancia (en la jerga narco significa mantenerla oculta para evitar que se la secuestren), la ocultaban en dobles fondos de llantas de vehículos para venderla en otras provincias.
La Justicia Federal de San Nicolás ordenó una serie de allanamientos en diferentes puntos del país. Entre los detenidos aparecen tres tucumanos: el empleado judicial Lucas Luna Sosa, Damian Exequiel Chico y Héctor Raúl Prado. Este último era capataz de la empresa que construye el penal de Benjamín Paz. Los líderes, en cambio, caminan libremente por las calles. Santillán, según los habitantes de Agua Amarga, sigue concurriendo a las carreras cuadreras que se realizan en el interior. El jefe del eslabón tucumano, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales, camina por Barrio Norte sin saber que los investigadores lo tienen en la mira.
El sospechoso no sabe que los pesquisas ya descubrieron que es hijo de un hombre que fue condenado por tráfico de droga. Fue detenido en Villa Fiad acusado de haber participado de un envío de 500 kilos de marihuana. El hombre habría sido el nexo en la provincia de Sebastián “Morenita” Marín, uno de los mayores proveedores de “faso” a nivel nacional que murió en un enfrentamiento meses atrás. El joven también es investigado por la relación que mantiene con dos hermanos vinculados a la comercialización de drogas sintéticas en la provincia (éxtasis, troqueles de LSD y MMA, entre otros).
Los tucumanos detenidos no quisieron declarar cuando fueron interrogados. No escucharon las recomendaciones de sus primeros defensores que les habían pedido que dijeran todo lo que sabían para tratar de conseguir una mejora en su situación procesal. “Todos les dijimos que hablaran porque era la única manera de zafar. Ellos son amigos del líder y no querían traicionarlo. Él está libre, como si nada y los perejiles estos se pueden comer hasta una condena de 14 años”, explicó Juan, allegado a los arrestados. El entorno de los acusados coincidió en señalar que el supuesto jefe del grupo, les contrató un abogado y les prometió hacerse cargo de sus familias.
El negocio del traslado
La increíble historia de la víctima de un secuestro terminó dejando al descubierto cuál es el mecanismo de tráfico de droga en la región. La denunciante, después de haberse presentado en la Justicia Federal, huyó de la provincia. Está oculta en una ciudad del norte donde decidió viajar para proteger su vida y la de sus hijos.
María Magdalena Zelarayán fue contratada por U$S 400 para trasladar 10 kilos de cocaína desde Orán a la capital tucumana. Pero algo salió mal y desconocidos se apoderaron de la sustancia. Por esa razón fue secuestrada y golpeada. Logró escaparse y pedir ayuda. Le contó a LA GACETA su caso para frenar a los que intentaban quitarle la vida.
Su declaración sirvió para dejar al descubierto cómo funciona el tráfico de sustancia. Ella, junto a una amiga, viajaron en un vehículo con un joven. Llegaron a Orán y, durante la mañana, el hombre fue hasta un taller mecánico para que escondieran unos 10 kilos de cocaína en el interior del vehículo. Este trabajo, según confiaron los investigadores, tiene una tarifa promedio de U$S 150.
El vehículo era propiedad de una mujer que los arrienda para que personas puedan viajar al norte del país. El precio del alquiler del rodado es de no menos de U$S 200. Varios de los que se dedican a este negocio consiguen en las escribanías la documentación necesaria para que los conductores no tengan problemas en los controles. “Hay muchos casos que hasta sacan la tarjeta azul para que puedan hacer más de un viaje. Pero no son muchos, porque tienen miedo que los ‘aceitunas’ -sobrenombre despectivo que recibieron los gendarmes- empiecen a sospechar de ellos”, explicó un investigador.
El kilo de cocaína en Orán tiene un valor promedio de U$S 2.500, pero en nuestra ciudad, la comercializan a no menos de U$S 3.500. “Acá se registra el pasamano más rápido. La persona que la trae viaja sabiendo los nombres de los compradores. Su objetivo es tener la droga el menor tiempo posible para no ser descubiertos”, explicó Juan M., un hombre que se dedicó durante un tiempo a esta actividad ilícita.
La cadena tiene otros eslabones. “Los compradores de la droga que llega pueden buscar dos cosas. Primero, abastecer sus quioscos de drogas o venderlas a otras personas para que hagan lo mismo”, explicó una fuente judicial. “Aquí se produce la primera estirada, es decir, le agregan cualquier tipo de porquería para que pese más”, añadió.
El último proceso de estiramiento se realiza antes de preparar las dosis para vender. “Hay gente que compra una piedra de 250 gramos y de ahí consigue tres veces más. Esa es la porquería que venden en las calles”, finalizó el pesquisa.
La realidad de los barrios
“Los narcos y los transas saben la necesidad de las personas. Muchas personas se terminan vinculando a esta actividad ilícita porque no tienen otra posibilidad de conseguir trabajo”, explicó el penalista Javier Lobo Aragón. “Además, también buscan a los adictos para que trabajen con ellos a cambio de unas dosis”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Cuando la droga llega a los barrios de la capital tucumana, se multiplican las personas que están vinculadas al transa. Los soldaditos son los que se encargan de realizar tareas de vigilancia, traslado de las sustancias a los quioscos de la organización y tareas de cobranza. Desde que se puso en vigencia la ley de narcomenudeo, creció la estrategia de enviar a vendedores a las calles para evitar que las casas de los grupos sean descubiertas. “Reciben entre $ 8.000 y $ 10.000 por semana, dependiendo de la actividad que realicen. Pero si se tiene en cuenta todo lo que venden, pagan miseria. Pero eso es peor que nada”, comentó Juan, un soldadito de Villa 9 de Julio.
El sicariato es otra actividad que se repite en la región. Dos tucumanos fueron condenados en Salta por haber acabado con la vida de dos enemigos de un poderoso narco. Miguel “Miguelón” Figueroa, sospechado de ser un traficante, habría pagado $ 50.000 a un tal “Sucio” para acribillar a tiros a un joven en Villa 9 de Julio.
Pero también están las personas que colaboran de alguna manera con el transa. Están los que brindan un lugar para esconder la droga y las armas de los grupos. También hay algunos que ocultan los elementos robados que cambian por dosis. “En estos casos, generalmente no reciben una paga fija, sino que es la manera que tienen de cobrarse los favores que realizan, como darles dinero para pagar la boleta de la luz o ayuda para comprar un medicamento”, comentó Juana Martínez. “Lo más obsceno que observé en todos estos años es cómo le pagan el cajón para que una familia pueda enterrar a su hijo que se ahorcó por haber sufrido un síndrome de abstinencia”, indicó.
“Lamentablemente, en estas épocas de crisis económica absoluta, donde la miseria acecha a las personas que no tienen oportunidades de progresar, el narcomenudeo es una salida diaria para poder llevar un plato de comida a la casa”, explicó el penalista Patricio Char. “Quienes hablan de meritocracia y no de oportunidades, por lo general, explotan y denigran a quienes buscan una salida laboral ilícita”, finalizó.
