La Provincia opuso el veto total a la ley que sancionó la Legislatura para que se brinde cobertura médica y terapéutica a los pacientes que sufren tabaquismo en Tucumán. A través de un Decreto, el Poder Ejecutivo (PE) rechazó la norma que se aprobó en la sesión del 18 de junio con el argumento de que el Estado provincial ya brinda dicha asistencia a toda la población y que destinar nuevos fondos para tal fin resultaría redundante.
La propuesta, que fue aprobada por unanimidad, contemplaba “todos aquellos métodos de respaldo y terapias sustitutivas de nicotina; como los sustitutos de nicotina, tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico y fármacos inhibidores para la adicción al tabaco”. Si bien inicialmente se había incluido a todas las obras sociales y prepagas que funcionan en la provincia, se modificó el texto y los beneficiados iban a ser los afiliados al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst, más conocido como Subsidio de Salud).
El gobernador Osvaldo Jaldo rubricó el Decreto 1.956/21 que emitió el Ministerio de Salud Pública con la firma de su titular, el ministro Luis Medina Ruiz. A lo largo de cinco páginas, la cartera sanitaria de la provincia -con asesoramiento de la Fiscalía de Estado- desarrolló de modo abundante los argumentos por los cuales oponía el veto total. En síntesis, esgrimió que “la Provincia ya ha implementado políticas públicas tendientes a la atención y tratamiento del tabaquismo, resulta redundante asignar a futuro fondos presupuestarios al Ipsst (obra social que sólo alcanza al personal estatal), para la cobertura de un servicio de salud ya asumido para toda la población”.
A modo de ejemplo, en el documento que se publicó ayer en el Boletín Oficial se señaló que la Guía de Prácticas Clínicas Nacional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco incluye una amplia gama de opciones de tratamiento como los que se planteaban en la norma. También se marcó que ya existe en el Sistema de Salud Provincial, tratamiento y medicación de las terapias sustitutivas de nicotina, entre otros considerandos.
A su vez, se apuntó que la Asesoría Letrada del Ipsst señaló que entre las disposiciones del proyecto no estaba contemplada la materia presupuestaria. A su vez, se plasmó en el decreto que las previsiones del proyecto abordaban “un universo que excede a la competencia provincial, toda vez que, la regulación de las obras sociales y entidades de medicina prepaga resultan de competencia nacional, regidas por las Leyes N° 23.660 (Obras Sociales) y N° 26.682 (Medicina Prepaga), cualquiera sea la provincia en la que presten sus servicios. “En ese contexto, no resulta procedente que la Provincia imponga a la obras Sociales y prepagas coberturas determinadas que deben ser establecidas por la norma nacional”, se indicó.
La iniciativa había sido impulsada por el justicialismo, a través de la legisladora oficialista Nancy Bulacio. Parlamentarios oficialistas y opositores respaldaron el proyecto y relataron duros testimonios de familiares que perdieron como consecuencia del tabaquismo. Tras conocerse el veto total de la norma, trascendió que en la Cámara no se planea insistir con su sanción.
El Artículo 71 de la Constitución Provincial autoriza al PE a vetar, de forma total o parcial en forma fundada las leyes que sean sancionadas por la Legislatura. En lo que va de 2024 y a diferencia de otros años, la Casa de Gobierno ya hizo uso de esta facultad en siete ocasiones.
