El Gobierno define su estrategia frente al juicio político a la Corte Suprema para tratar de garantizar la vigencia del mega DNU de desregulación económica. Según pudo saber TN, en el oficialismo se debaten dos posturas: desestimar el proceso que se inició en la gestión del presidente Alberto Fernández o continuar su desarrollo.
Los que plantean el primer enfoque argumentan que deben darle un gesto al máximo tribunal –integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- para quitarles un peso y encaminar la relación entre Javier Milei y los juristas. En Casa Rosada, creen que jugarán un rol clave en la definición de las diferentes medidas de shock.
Los impulsores de la segunda postura rechazan la idea de otorgar un guiño sin recibirlo primero y aseguran que el primer paso de la relación entre los jueces supremos y el presidente deberían darlo ellos.
Al respecto, un funcionario le expresó a TN: “Nosotros no le hicimos nada a la Corte, no tendríamos por qué dar un buen gesto primero. No nos hacemos cargo de lo que emprendió la gestión anterior y tampoco tenemos por qué regalarle nada a nadie”.
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Como primer movimiento, el jefe de Estado convocó a la formación de la comisión de Juicio Político, pero finalmente dejó su definición y trabajo para las sesiones ordinarias de marzo. Para su conducción, La Libertad Avanza impulsó a la diputada del Partido Demócrata de Mendoza, Mercedes LLano, quien es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública de la UNCuyo.
Desde el oficialismo, explicaron que quieren darle prioridad al tratado de la Ley Ómnibus y que no quieren apurarse con los pliegos de los jueces del máximo tribunal, que aceptó intervenir ante una presentación del Gobierno de La Rioja contra el DNU de desregulación económica.
Diputados del PRO presentaron un proyecto de resolución para declarar inválido la totalidad del procedimiento de juicio político a la Corte Suprema. Argumentan irregularidades, desprestigio hacia la Justicia y la lesión de garantías constitucionales.
Entre los propulsores, se encuentran Sabrina Ajmchet, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y Martín Yeza. Desde sus filas, expresaron que no tienen el acompañamiento de La Libertad Avanza y en el oficialismo advirtieron que deben resolver la estrategia internamente.
En Casa Rosada, apuntan a blindar el decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 con un dictamen positivo en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Creen que protegería su destino en la Justicia basándose en la división de poderes.
El encargado de presidir su tratamiento sería el senador de LLA Juan Carlos Paggotto quien estaría acompañado por el jefe de bloque libertario en Diputados, Oscar Zago. Como aliados tendrán al PRO con Hernán Lombardi en Diputados y Luis Juez en el Senado, entre otros. Todavía no está confirmado el lugar del oficialista Lisandro Almirón.
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Más allá del posible blindaje legislativo, el Gobierno cree que la suerte del DNU terminara en manos de la Corte Suprema. Es por eso que apuntan a la negociación con sus integrantes con el desarrollo de juicio político en el medio.
Ayer, el procurador general Rodolfo Barra se encargó de apelar el fallo del juez Enrique Lavié Pico que la semana pasada complicó la estrategia judicial del Gobierno, habilitando la feria judicial para tramitar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad.
El abogado del Gobierno argumentó que el jurista se extralimitó en sus funciones y que “incurrió con su accionar en un exceso de jurisdicción”. Con la apelación, el oficialismo apunta a que el fallo del juez Enrique Lavié Pico lo tome la Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Sergio Fernández y Carlos Grecco.
Dentro de la contraofensiva del oficialismo, se incluye un recurso extraordinario contra los fallos de la Cámara del Trabajo que frenaron la reforma laboral.
