A través de la Procuración General del Tesoro, el Gobierno se presentó ante la Justicia Federal con el objetivo de impugnar el fallo de Cámara que habilitó la vuelta de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. La presentación la hizo el jefe de los abogados del Estado Carlos Zannini, y el caso quedó a cargo del magistrado Esteban Furnari.
El planteo fue ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Busca que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo dispuesto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires. Este tribunal falló a favor de la presencialidad en las clases en el distrito, que estaban suspendidas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por la segunda ola de contagios de coronavirus.
// Alberto Fernández, furioso con Horacio Rodríguez Larreta por la habilitación de clases presenciales
El pedido es de inhibitoria para quitarle el caso a la Justicia a la ciudad de Buenos Aires y que intervenga el fuero federal. El Gobierno plantea que debe haber un cambio de jurisdicción en esta causa al manifestar que la medida del Ejecutivo involucra una decisión federal y no local.
El Gobierno hizo este planteo en el pico de tensión entre Nación y ciudad de Buenos Aires. Hay un fuerte enojo del presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, adelantó Marcelo Bonelli en TN La furia del mandatario pasa porque considera que la resolución de la Cámara porteña representa un desafío a su autoridad. Interpreta que este tipo de fallos atentan contra la gobernabilidad, ya que cree que si no puede hacer cumplir las disposiciones de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se le reduce el margen para gobernar.
Poco después de que se conociera el fallo el mandatario salió al cruce de la resolución, que tildó “estrago jurídico”. Con duras críticas al tribunal porteño sostuvo que las decisiones que tomaron “son del exclusivo resorte de la Justicia federal”. Manifestó que la suspensión de clases presenciales en el área metropolitana no es una medida “de política educativa sino de política sanitaria en una pandemia” y que “por eso la ciudad fue directo a la Corte Suprema”, en declaraciones a El Destape.
El ministro de Justicia Martín Soria también cuestionó con dureza el fallo de Cámara, que calificó de “mamarracho jurídico”. Además le reclamó celeridad al máximo tribunal al pedirle que “actúe rápidamente” para empezar a debatir el amparo del gobierno porteño. Explicó que van a “interponer varias medidas para frenar esta decisión de la Justicia porteña” que habilitó la actividad presencial en las escuelas.
