El gobierno no encuentra su rumbo. La falta de dólares, la inflación que acecha y el humor social miden a cada instante el margen de gobernabilidad con el que cuenta el oficialismo, ya no en términos únicamente referidos al efectivo cumplimiento del mandato sino ahora en cuestiones tan elementales como la toma de decisiones y la implementación de medidas que intenten corregir el oscuro destino que parece estar frente a nosotros.
Los parches parecen ya no ser suficientes. Una de las últimas “innovaciones” fue la implementación por parte del Banco Central del apodado “dólar-soja”, un mecanismo complicado y difícil de entender que pretende retribuir al castigado productor sojero con un mejor tipo de cambio. Esta medida fue acompañada con la promesa del Presidente Alberto Fernández de “no devaluar”.
Extraña promesa ésta a sabiendas de que al inicio de su mandato el dólar rondaba los 65 pesos y hoy se arrima rápidamente a los 140 pesos (algo así como haber devaluado en algo menos de 32 meses de gobierno un 55%). Mucho peor aún ha sido la depreciación de nuestra moneda cuando se analizan los valores de los dólares financieros. De igual manera parece que el Presidente no considera que esto haya efectivamente ocurrido.
Solo en lo que va del mes de julio el dólar paralelo se incrementó en $75. Claro, el problema son los especuladores y el campo. El Banco Central (BCRA) ha tomado la decisión de subir la tasa de interés de referencia del 52% al 60%. Se trata de 800 puntos básicos que dan cuenta de dos situaciones: la inflación que no logran contener y las promesas al FMI de transitar hacia tasas reales positivas.
Los controles de precios y la prepotencia hacia el sector privado parecen no haber solucionado el aumento de precios. La inflación no da respiro y probablemente el INDEC marque para julio datos inflacionarios que no se veían en décadas. Esta nueva tasa de referencia intenta también quitarle presión al dólar, uno de los principales termómetros sociales. Cuando Alberto Fernández asume en la Presidencia de la Nación la tasa de referencia era del 63%.
De más está decir que esto fue muy criticado por el actual primer mandatario e incluso fue uno de sus temas de campaña donde indicaba que “con los intereses de las Leliqs” les aumentaría a los jubilados sus haberes en un 20%. A esta altura de los acontecimientos Alberto Fernández debe haber asumido ya el tamaño que tuvo su declaración en términos de inconsistencia e insensatez.
Incluso solo durante este año 2022 la tasa se incrementó en 22 puntos, algo por encima por del porcentual con el que el Presidente en algún momento soñó para solucionarle el problema de miseria a los jubilados. Todo programa económico que se desee implementar con cierto éxito debe cumplir con un requisito fundamental.
Es decir, debe existir credibilidad en quiénes son los responsables de ejecutarlo. En la Argentina parece que ese requisito no está, aunque al parecer el programa económico tampoco. Ya lo decía el propio Alberto Fernández algún tiempo atrás: él no cree en los planes económicos. Ahora es tiempo de Sergio Massa como nuevo Ministro de Economía. Historia repetida en la República Argentina donde se cree que el problema es de nombres y que todo se soluciona con cambios en el gabinete.
Si el flamante “superministro” pretende tener algún futuro más allá de 2023 lo que intentará serán cambios estructurales. Si él también es de los que piensa que las soluciones parten de los nombres y no de los cambios estructurales, el fracaso estará asegurado. Solo el tiempo dirá si algo cambiará o si simplemente seguimos perdiendo tiempo en una Argentina que ya no puede más.