Pese al aumento exponencial de los casos de coronavirus, que ayer superaron los 100.000 por segundo día consecutivo, el Gobierno nacional tomó la decisión política de no hacerse cargo para nada de la situación. Es decir, optó por no adoptar medidas restrictivas para cortar la circulación comunitaria, como sucedió en la primera etapa de la pandemia entre los años 2020 y 2021.
Ahora, la postura de la administración de Alberto Fernández es que son las provincias las encargadas de implementar la política sanitaria en sus jurisdicciones, porque la Argentina es “un país federal”. Con ese razonamiento, que esgrimieron fuentes gubernamentales la determinación oficial es que el presidente no hará presentaciones como en las que se mostraba al frente del combate contra la pandemia.
Porque en esta nueva etapa –signada por el avance del plan de vacunación- el Gobierno privilegia el intento de reactivación de la actividad económica sobre cualquier medida sanitaria que pueda atentar en su contra. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, que fue ministro de Salud durante la presidencia de Cristina Kirchner, sigue de cerca la evolución de la pandemia mundial de COVID-19.
Monitoreada por Manzur, Vizzotti blanqueó en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), ante ministros provinciales del área, que el Gobierno central no tiene en sus planes adoptar nuevas medidas ante la explosión de casos que se registra desde el inicio de 2022. Ante una consulta puntual de sus colegas, Vizzotti dejó en claro que “las medidas las toman las provincias”. En algunos casos, como en Córdoba y Santa Fe, ya lo están haciendo.
Tampoco los gobiernos provinciales tienen mucho margen para reclamar una política más activa de la administración federal, porque fueron las provincias las que el año pasado reclamaron la “descentralización” de la política sanitaria, para afrontar la pandemia en sus propios territorios. Desde entonces, el Alberto Fernández cortó sus apariciones públicas –con las recordadas filminas incluidas-, lo que coincidió también con la campaña electoral.
El costo político que pagó el Gobierno por las restricciones que provocaron una parálisis de la economía y de actividades medulares para las familias, como las clases escolares presenciales, fue calculado por los principales analistas del país –y por los propios funcionarios- como una de las causas de la derrota electoral del Frente de Todos en las últimas elecciones legislativas. El clima de enojo social se fue diluyendo luego al compás del levantamiento de las medidas.
