El Ministerio de Salud cambió la forma en que prepagas y obras sociales aplican descuentos en la compra de medicamentos, para poner un tope a lo que deben aportar las empresas por una lista de medicamentos para pacientes crónicos. A partir de ahora, la cobertura del 70% que las financiadoras están obligadas a pagar va a tener un monto máximo equivalente a esa proporción de un precio de referencia.
Y si el paciente opta por comprar la misma droga en una presentación más cara, deberá pagar más por esa opción. La resolución 27/2022 en el Boletín Oficial modifica la manera en que se aplican descuentos de prepagas y obras sociales en la compra de ciertos medicamentos. Hasta el domingo, las obras sociales y prepagas estaban obligadas a cubrir el 70% del medicamento para condiciones crónicas recetado sin importar el precio que se pagara.
En base a la ley de genéricos, los profesionales de la salud deben recetar el nombre de la droga y en la farmacia el paciente puede elegir entre distintos laboratorios que elaboran el mismo medicamento. El resultado de ese esquema era que no había incentivos suficientes para ir por el medicamento más barato ni para que los laboratorios compitan por precio, señalan en el sector.
Con la nueva regulación, se establecerán precios de referencia para cada uno de los componentes activos en cuestión. Si el beneficiario compra un medicamento cuyo precio final está por debajo del precio de referencia, tendrá que pagar el 30% de su valor. Si optara, por caso, por otra presentación cuyo precio fuera idéntico al de referencia, el descuento sería de la misma magnitud.
Pero si, en un tercer caso hipotético, optara por una presentación más cara que la referencia, sólo tendría por descuento el 70% del valor de referencia y no el del valor final. Es decir, pagaría más del 30% del valor. Así, el descuento de 70% pasa a ser un descuento de, como máximo, el 70%. La aplicación no es para todos los medicamentos, sino para una lista específica publicada en forma de anexo.
Las financiadoras privadas, prepagas y obras sociales, fueron protagonistas hace días de un tironeo en el sector por lo que, sostienen, es un atraso en la actualización de las tarifas que cobran. Para enero, las prepagas tenían programado un aumento del 9% en las cuotas que se terminó aplicando al pie de la letra.
Pero, argumentando problemas financieros, anunciaron que no iban a trasladar el aumento de cuota a los precios que pagan a prestadores (clínicas, diagnóstico y otras prestaciones). La respuesta de los prestadores fue anunciar la reinstauración del copago: que los usuarios tuvieran que pagar un 9% extra por las prestaciones.
El Gobierno medió en el asunto y lo hizo en contra de las prepagas y obras sociales. El copago nunca se hizo realidad y el 9% de aumento tuvo que ser trasladado a los prestadores. Con esto, el Gobierno reduce al menos un costo del sector financiador. Pero se lo traslada al paciente, es decir, la pata más débil. De esta manera, se cae la farsa del relato de que cuidan a la gente.
