Quizá sea el desquicio de buena parte de la discusión política lo que obligue a tener que explicar que la nueva agresión con bombas incendiarias y piedras al Congreso de la Nación es un delito contra la democracia que merece la sanción penal más alta. Quizá sea porque dentro del Parlamento la discusión por el Fondo Monetario Internacional generó una alianza de hecho por el rechazo al acuerdo.
Entre la derecha de Javier Milei, la izquierda de Myriam Bregman y el movimiento excéntrico de La Cámpora comandado por Máximo Kirchner. Quizá sea porque gobierna una coalición que propone desde el Poder Ejecutivo blanco (Alberto Fernández), desde la fundadora del frente y vicepresidente negro (Cristina Kirchner) y desde el otro socio de la agrupación, presidente de la cámara, un gris intermedio (Sergio Massa).
Quizá sea porque asistimos al debate central de la economía argentina con el ministro del área contando los problemas en Houston sobre el abastecimiento energético. Quizá sea porque nos acostumbramos a ser paleontólogos de los gestos epistolares, de renuncias módicas a bancas, pero no al cargo o al manejo de las cajas estatales, o a gestos y silencios o ausencias en vez de exigir de manera republicana que rindan cuenta de sus actos de gobierno y se hagan cargo de sus consecuencias.
Quizá sea porque todos los funcionarios encargados de la seguridad en nuestro país, nacionales o locales, le tienen miedo pánico a los violentos que cortan las calles y disponen que las policías los custodien para que puedan atropellar el derecho de circular del resto con total tranquilidad. Quizá haya una decena de quizá más que expliquen que los registros de análisis más o menos frecuentes y racionales sean inaplicables.
Caso contrario, no se explica por qué a los vándalos que pretendieron literalmente asesinar a un policía prendiéndolo fuego o llenar el Congreso de piedras no se los detuvo en el lugar, se los encarceló y sometió a un debido proceso penal. A la hora de escribir esta crónica, hay un solo detenido por los hechos. Eso sí: varias decenas de contusos, heridos y perjudicados. Antes de ayer por la mañana, una parte central de la ciudad de Buenos Aires fue sitiada por transgresores de la ley penal.
Decir que son “manifestantes” es un eufemismo cobarde. Manifiesta el que respeta el derecho de circulación por vías principales y, en lo posible, tiene idea de porqué protesta. ¿Hace falta explicar que este conjunto de movilizados tiene la suerte de poder dejar un día su trabajo sin la más pálida de que es un acuerdo crediticio con el FMI? Si cortar una avenida es una contravención local, tirar una molotov o invadir con piedras uno de los tres Poderes del Estado es un delito. ¿En serio hay que explicarlo?
La policía de Horacio Rodríguez Larreta llegó, con prolijidad y miedo por los violentos, media hora más tarde de los incidentes. La Policía Federal invocó, claro, incompetencia basada en la complicidad que la ideología del gobierno nacional posee con todo lo que sea “tomar la calle”. ¿No es hora de decir que es un anacronismo inadmisible creer que las calles porteñas expresan algún tipo de sentir que se extiende a todo el país?
Ese sentir se acaba de manifestar hace apenas 6 meses en las elecciones nacionales en donde, con precisión estadística, se eligieron representantes de aquel sentir ciudadano. Los “jóvenes” de La Cámpora, si no renuncian, se esconden entre los palos y las piedras de las calles creyendo que son revolucionarios modernos mientras el país, gobernado por ellos cruje al borde del colapso.
Porque por las dudas, el destino de estos 4 años de gobierno es responsabilidad del presidente Alberto Fernández, de su vice Cistina Kirchner, del presidente de la Cámara, Sergio Massa, de La Cámpora, de los gremios y de los movimientos sociales. No vaya a ser cosa que una carta, una ausencia o una molotov les haga creer que pueden lavarse las manos. En el mientras tanto, a los violentos, la ley. Pena y sanción. Sin quizá alguno.
