Dos de los tres testigos que declararon bajo juramento de decir la verdad, Jonathan Fernández y Gabriel Sleiman, vincularon en forma directa al intendente justicialista Carlos Najar con las supuestas exacciones ilegales agravadas atribuidas a Agustín Ruiz, director de Empleo e Intermediación Laboral, y concejal electo de Las Talitas. “El intendente Najar dijo que era para él el dinero que pedía Ruiz”, repitió Fernández. La tercera testigo, María Pastora Cholffi, negó lo que habían dicho los deponentes anteriores, desligó a sus jefes políticos y afirmó que había un “pacto previo para dar una parte del sueldo a los compañeros sin contrato” (se informa por separado). El juicio contra Ruiz viró ayer en forma sustancial. El fiscal Daniel Marranzino anticipó su intención de profundizar los relatos, y de solicitar las declaraciones de Najar y de Víctor Safe, secretario de Gobierno de Las Talitas. Además y entre otros, comparecerán los párrocos de Cristo Rey que desmintieron al imputado (se informa por separado).
“En marzo de 2016 acompañé a mi madre (la querellante Dora Beatriz Cura) al despacho del intendente. Fuimos con ella y (el denunciante) Víctor Hugo Heredia. Mi madre dijo a Najar que el director de Empleo que Ruiz le había exigido el 80% del sueldo para entregárselo a él, al intendente. Él les respondió que si denunciaban a Ruiz los iba a echar y a meter presos, y que esa plata era para él”, expresó Fernández ante Gustavo Romagnoli (presidente), Eduardo Romero Lascano y Luis Morales Lezica, vocales de la Sala II de la Cámara Penal de esta ciudad. Estas palabras generaron unos segundos de silencio en el recinto. El muchacho, un estudiante de Odontología, comentó que, a continuación, a su madre Beatriz Cura no la dejaron volver a su puesto en la Oficina de Empleo; que esta perdió el trabajo y luego fue sometida a una cirugía de cabeza. Fernández dijo que Najar se enfadó y que “se lavó las manos”.
Los supuestos hechos ilícitos que derivaron en este debate poco frecuente en los Tribunales provinciales acaecieron durante la siesta del 14 de marzo de 2016 en un bar del Hiper Libertad del acceso norte. Alrededor de una mesa se sentaron Ruiz y cuatro colaboradores (Cura, Heredia, Sleiman y Cholffi) que habían cobrado su primer salario de casi $ 8.000 de un contrato semestral: según la querella y la mayoría de las versiones, el funcionario les exigió allí alrededor de $ 5.000 (sería el 60% de la retribución). Los contratados habían trabajado “políticamente” con Najar en las elecciones en las que aquel venció a su hermana, Adriana Najar, pero sus convenios laborales estaban suscritos por Américo Cruz, comisionado comunal de El Mollar. Aún así, los cuatro cumplían o debían cumplir funciones con Ruiz en Las Talitas. Tras la reunión en el Hiper sólo Cholffi retuvo su lugar en Empleo: a Cura y a Sleiman no les renovaron el contrato mientras que Heredia pasó a prestar servicios con el edil justicialista Miguel Lanieri.
“Mentiroso y corrupto”
“Trabajé para la candidatura de Najar en el Club de Abuelos con su presidente de ese entonces, (Luis) Herrera. En marzo de 2016 me hacen un contrato donde figuraba como empleado de la Comuna de El Mollar y estaba adscripto a la Municipalidad de Las Talitas. Ese mismo día, me llama Ruiz para citarme a una reunión en el Hiper. Yo pensaba que era por trabajo. Primero él me habla por aparte y me exige el 80% de mi sueldo para darle a Najar”, acotó Sleiman en la segunda jornada de la audiencia que empezó el 26 de septiembre. El testigo expresó que, luego, en la mesa, Cholffi lloraba porque no quería entregar la plata: “yo no entendía qué pasaba. Ruiz estaba enojado porque Cura y Heredia le hacían reclamos. Sin mediar palabra, yo me levanté y me retiré”. Cuatro o cinco días más tarde, Sleiman contó que recibió otra llamada del imputado: “me habló para decirme que tenía que presentarme en la Municipalidad para hablar con el abogado Safe, quien iba a decirme qué tenía que declarar en la Fiscalía (de Adriana Reinoso Cuello). Le dije que no y le colgué el teléfono”.
El testigo expresó que, con el tiempo, se enteró que Safe también había participado en la preparación del testimonio de otra subordinada del director, Celia Maza, quien en la jornada de apertura del debate contó que perdió su puesto por negarse a falsear la declaración. Sleiman añadió que, debido a estas circunstancias, su madre, que trabaja desde hace 20 años en el Municipio de Las Talitas, fue hostigada por Ruiz. “El director se acercó a amenazarla para impedir que yo hablara en (la Justicia) en contra de él”, describió. “Yo tenía que empezar a prestar servicios en la Oficina de Empleo: el primer día del contrato me dejaron sin trabajo. Me pidieron la plata y, como no les quise dar, ‘se desvincularon de mí’”, añadió en el interrogatorio con el defensor Luis Monteagudo.
Los comentarios de Sleiman desembocaron en un careo con Ruiz, quien había negado que él convocara la reunión en el Hiper y que quisiera sacar tajada de los ingresos de sus colaboradores. “Me exigiste que lleve la plata para Carlos (Najar). Sos un mentiroso y un corrupto. Y aquí se va a decir la verdad”, espetó Sleiman a su ex superior. Este le contestó: “nunca te llamé para ir al Hiper ni después para que vayas a la Municipalidad (a ver a Safe). Ojalá se haga justicia”.
La intensidad de los reproches llevó, hacia el final de la sesión, a Marranzino a admitir que el debate estaba siendo más complejo de lo que él imaginaba originalmente. “Creí que era un juicio de un día”, reconoció. Antes había apuntado, a propósito de su idea de citar a Najar, que el 9 de junio fue reelecto en la Intendencia, que “necesitaba elaborar la estrategia”. El fiscal recordó que, por el artículo 138 de la Constitución de Tucumán, el jefe municipal tenía en sede judicial las prerrogativas procesales equivalentes a la del gobernador. Ello quiere decir que tiene derecho al “tratamiento especial”, que le permite declarar por escrito o en su residencia, siempre bajo juramento, aunque también puede renunciar a ese beneficio y asistir a la sala de juicio. El 22 de septiembre, Najar, que no fue investigado por Reinoso Cuello, había dicho que desconocía la causa de Ruiz, pero que estaba a disposición de la Justicia. Tanto la definición de su comparecencia como el progreso del debate tendrán que esperar dos semanas puesto que las dificultades de agenda consabidas llevaron a las partes a programar la continuación de la audiencia para el 17 de octubre a las 17.30.
