La embestida del kirchnerismo contra el Poder Judicial alcanza también al Ministerio Público, luego de que desde el comienzo de la semana el Poder Ejecutivo, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza apuntara contra el máximo tribunal. Y es que es grave para el Estado de Derecho, en el que, por un lado, es indispensable que los funcionarios ajusten su conducta a las pautas indicadas por el ordenamiento jurídico.
Y, por el otro, también es necesario que, cuando eso no ocurre, existan fiscales independientes que puedan promover la acción de la Justicia para investigar aquellas conductas. En el caso del Ministerio Público Fiscal, su independencia es muy importante, porque tiene a su cargo la defensa de los intereses de la sociedad frente al delito. Esta circunstancia tienta a los gobiernos populistas por razones más que claras.
Y es que apuntan a modificar las exigencias de una mayoría especial para la designación de funcionarios tan importantes como lo es el procurador general de la Nación, a fin de lograr designar en esos cargos a quienes consideran más convenientes para sus propios intereses. Es lo que ocurre con gobiernos que demuestran tener un profundo desinterés por el adecuado funcionamiento de la Justicia y por la independencia de los fiscales.
Ha sido un grave error de los constituyentes de 1994 darle jerarquía constitucional al Ministerio Público y no regular el modo de designación y remoción de sus integrantes. Esa omisión es muy peligrosa para el sistema republicano, y es justamente ese peligro el que acecha en este momento, en el que el actual gobierno pretende imponer sus mayorías en ambas Cámaras para modificar la ley que regula tan importantes cuestiones.
El sistema republicano requiere de una Justicia independiente y de fiscales que actúen con libertad. Pues para lograrlo la Constitución no debería permitir que esa independencia pueda ser puesta en jaque por circunstanciales mayorías en el Congreso de la Nación. Y es que el kirchnerismo está decidido a ir por todo y por todos los que osen oponerse al plan de absolución e impunidad.
Mientras tanto, los casos de corrupción se amontonan y no dejan lugar a dudas acerca de la culpabilidad que tendría Cristina Kirchner y sus funcionarios. Cabe recordar que la vicepresidenta manifiesta que la democracia constitucional, fruto de las ideas de la Revolución Francesa, es una suerte de fósil pasado de moda. Solo una persona con múltiples procesos en su contra y que se siente acorralada puede cometer semejante desatino.
A confesión de parte, relevo de prueba, Cristina Kirchner de hecho no cree en la República, como queda claro desde sus dichos y desde su participación en la construcción de un feudo que hoy es una pequeña muestra de Venezuela, como es el caso de Santa Cruz. Tal vez como nunca, hoy corra peligro la independencia del Poder Judicial, por lo que se hace necesario que los argentinos sean capaces de salvarla.
