El esquema de manipulación política de los pobres era perfecto. El Ministerio de Desarrollo Social kirchnerista, copado por dirigentes piqueteros devenidos en funcionarios con importantes salarios, atendían a los dos lados del mostrador: otorgaban los planes, y luego los repartían dentro de su organización y a las otras agrupaciones.
Cada agrupación como el Movimiento Evita, Polo Obrero, Somos Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa o el Movimiento de Trabajadores Excluidos, por citar algunas, anotaban a los beneficiarios del plan a través de sus cooperativas. Está claro que hay organizaciones sociales que trabajan de una manera comprometida, pero son marginadas.
Con la excusa de controlarlos a través del certificado en el que constaba si el beneficiario había cumplido o no con sus tareas en la cooperativa, de servicio a la comunidad en un comedor, una escuela o en el propio barrio, los tenían amenazados con perder el plan si no acataban lo que les pedían.
Así, se ponía en marcha el otro negocio. Los punteros que manejaban a 50 o 60 personas, les exigían a cada uno un porcentaje de lo que recibían por plan. Era un 5% que debían donárselo a ellos, religiosamente, todos los meses. Por otra parte, estaban obligados a concurrir a cualquier marcha a la que se los convocara.
De lo contrario, si no podían, primero debían pedir permiso y luego pagarles a los punteros para que éstos a su vez subcontraten a otra persona para que fuera a la movilización en su reemplazo. En paralelo, los alimentos que el Gobierno les proveía a esas cooperativas para mantener a los comedores o repartir entre los beneficiarios de los planes, no siempre terminaban en el destino correcto.
Al igual que el origen de los allanamientos a dirigentes piqueteros de este lunes, durante varios años, en pleno gobierno kirchnerista, arreciaron miles de denuncias por amenazas de quita de los planes, maltrato y hasta abuso sexual, a través de una línea telefónica y una aplicación que había habilitado el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Juan Zabaleta, y que continuó cuando se hizo cargo Victoria Tolosa Paz.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Por qué ninguna denuncia prosperó o terminó en una causa judicial? Porque esa línea, confirmado por las propias autoridades en ese momento, era responsabilidad del entonces Secretario de Economía Social del Ministerio y a la vez líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Pérsico, que jugaba al bueno y el malo con las organizaciones sociales de izquierda, cuando en realidad era el que repartía los planes para todos, evitaba de esa manera que “los compañeros” fueran denunciados penalmente por los pobres, a los que contentaban con planes. Eso sí, todo en nombre de la justicia social.
