Empecemos por el principio. El presidente Alberto Fernández no quiere ganar la batalla contra la inflación. De lo contrario, en vez de recurrir a la entusiasta muchachada de la Secretaría de Comercio, hubiera convocado a los drones armados del Banco Central. Pero no sólo no quiere, además, necesita de un elevado impuesto inflacionario para “cerrar” el déficit fiscal acordado con el FMI.
¿Y entonces? Entonces, lo que en verdad quiere el Presidente es incrementar el subsidio al consumo de ciertos bienes de la canasta básica, pero que dicho subsidio no se financie con recursos generales, si no con un “impuesto” pagado por un sector en particular. Y quiere, además, que otro subconjunto de bienes, mantenga sus “precios cuidados”, también financiados con los proveedores de esos bienes y no con gasto público.
Eso es todo, lo demás es sarasa. La inflación argentina es macroeconómica, derivada de grandes desequilibrios fiscales financiados con emisión del Banco Central. Tanto es así que la tasa promedio de inflación de los últimos 80 años de la Argentina fue 145% anual. Sólo hubo períodos de baja inflación cuando se lograron transitorios superávits fiscales, o cuando se consiguió deuda para financiar los déficits.
Otra vez, la inflación es el impuesto que cierra los desequilibrios fiscales, inflando ingresos impositivos (IVA, Ingresos Brutos, ganancias no ajustadas, etc.) y licúa gastos corrientes (en particular jubilaciones y salarios públicos). La inflación, entonces, es la manera con que la política argentina posterga el verdadero debate en torno a un gasto público que se ha vuelto infinanciable, y un sistema impositivo que resulta impagable.
Pero claro, como todo impuesto desmedido, la sociedad trata de evadir la inflación. Y la forma de evadirla es sacarse de encima rápido los pesos, o bien demandando bienes y servicios, o bien comprando dólares, sustituyendo, para ahorrar, a la moneda local por una moneda cuyo impuesto inflacionario es más “tolerable”. Pero estos mecanismos de evasión reducen la “base imponible del impuesto”.
Entonces, la cantidad de pesos que se demandan, la forma de mantener la misma recaudación es subiendo la alícuota, con más tasa de inflación. Es por eso que, en los últimos años, la inflación fue subiendo escalones sucesivos, hasta estacionarse en la franja de los 40-50 y pico, sólo interrumpido por la pesificación “precautoria” en el pico de la pandemia de COVID-19 y los confinamientos.
Para completar el panorama, los efectos de la emisión monetaria sobre la inflación no son inmediatos, tienen algún “efecto retardado” y, por lo comentado más arriba, en general, el mecanismo de transmisión es el precio del dólar, la verdadera moneda. La inflación que se vivió en el 2021 fue consecuencia de la emisión de la segunda mitad del 2020, como la que se está viviendo en el 2022, es el resultado del “plan platita” del año pasado.
Sobre este escenario ya endémico de la Argentina, se construyó el acuerdo con el FMI. La base de ese acuerdo es una leve baja del déficit fiscal mediante la reducción de los subsidios a la energía y el transporte. Es decir, el acuerdo es, por definición, inflacionario. Desancla el tipo de cambio y las tarifas y no limita drásticamente la emisión de pesos. Su objetivo no es que baje la tasa de inflación, sólo busca que no se acelere peligrosamente.
En ese marco, éramos pocos, y Putin decidió invadir Ucrania, poniéndole más presión a los precios de los productos agroindustriales que la Argentina exporta y a los precios de la energía que la Argentina importa en términos netos. Es decir, mejora la recaudación por retenciones, pero aumentan los subsidios a la energía, en el cuadro de pesos, y faltan unos 4000 millones de dólares, en la cuenta de los dólares.
Puesto de otra manera, el acuerdo con el Fondo quedó totalmente desactualizado en sus metas cuantitativas. La intención del gobierno es tratar de subir el subsidio al consumo de alimentos y otros bienes al sector de menores ingresos para mejorar su imagen ante el núcleo duro de sus votantes. Pero aumentar subsidios es más gasto público, a menos que se logre que el financiamiento de esos mayores subsidios se consiga con más aporte del sector privado.
Para todos los otros precios de la economía, “rige” el acuerdo con el FMI, suba de tarifas, ajuste del tipo de cambio oficial, y de la tasa de interés. En síntesis, la declaración de guerra de parte de Alberto Fernández no es nada más que “testimonial”. Económicamente, el gobierno necesita una inflación estable en torno al 50-60% anual. Políticamente, necesita “que parezca un accidente”.
