Aníbal Fernández develó la estrategia de la golpeada coalición gobernante, al afirmar que, si la oposición gana las próximas elecciones presidenciales, “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos”. Su contundente profecía, más que un diagnóstico, fue una advertencia o una amenaza velada, cuya traducción es que desde el actual oficialismo no habrá disposición a aceptar una derrota electoral y a dejar gobernar a quien asuma el 10 de diciembre.
Las palabras de Aníbal Fernández son también una nueva muestra de debilidad. Dan cuenta de que muchos en el equipo gobernante están prácticamente resignados a un traspié en las urnas y que la estrategia kirchnerista será sentarse a esperar que pase el cadáver de su enemigo luego de que este tome posesión del mando en la Casa Rosada. Las amenazas de Aníbal Fernández encuentran un punto en común con expresiones del abogado de la vicepresidenta.
Se trata de Gregorio Dalbón, quien aseguró que “si Cristina Kirchner va presa correrán ríos de sangre”. También con el reciente llamado del gobernador Axel Kicillof a la militancia a “poner el cuerpo” por Cristina y con declaraciones del sindicalista kirchnerista Hugo Yasky, quien afirmó que “la Argentina va a enfrentar un período difícil, donde vamos a tener que pisar los callos a los poderosos de este país”.
Esta batería de advertencias admite la interpretación de que la mayor esperanza del cristinismo hoy ya ni siquiera pasa por un triunfo en las elecciones presidenciales de este año. A juzgar por los mencionados dichos, su principal ilusión en términos políticos es que el próximo presidente de la Nación –sea de Juntos por el Cambio o libertario– termine como Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 o peor aún.
En definitiva, lo cierto es que la intención del kirchnerismo no es enderezar una economía destruida por una inflación que ya proyecta un piso del 120% anual. Su apuesta es que las bombas de mayor impacto estallen en las manos del próximo presidente. En otras palabras, el kirchnerismo ya se prepara para obstaculizar la tarea de quien llegue al poder en reemplazo de Alberto Fernández.
Es algo que el peronismo siempre ha sabido hacer, como lo prueban los 13 paros generales de la CGT de Saúl Ubaldini contra el gobierno de Raúl Alfonsín, los saqueos de comercios y supermercados en el Gran Buenos Aires durante los últimos días de la presidencia de De la Rúa o las 14 toneladas de piedras en la Plaza del Congreso contra una medida impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.
Lo realmente inédito de este anticipo de actitud destituyente por parte del actual oficialismo es que asome varios meses antes de que asuma un nuevo presidente que ni siquiera fue elegido todavía. La voracidad de las declaraciones de Aníbal Fernández coincidió con la movilización del jueves último frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, impulsada por La Cámpora y otras agrupaciones contra la supuesta “proscripción” de Cristina Kirchner.
Este relato, como el del lawfare, representa algo más que un simple argumento defensivo ante las demandas penales que enfrenta la vicepresidenta. Es una idea que se asocia con un falaz razonamiento, repetido una y otra vez por la expresidenta, según el cual la Justicia se ha alzado contra la voluntad popular. En la particular concepción cristinista, solo existe un poder, el Ejecutivo.
Y la Justicia es, si no un apéndice del poder político, un cuerpo formado por personas carentes de la misma legitimidad de la que, según la expresidenta, gozan los elegidos por el pueblo en una elección democrática. Se trata de una visión que, a partir de la negación del principio de división de poderes, con la insólita justificación de que data del siglo XVIII, no hace más que conducir a la autocracia.
En todo este proceso que vive el kirchnerismo sigue brillando por su ausencia una autocrítica sincera. El relato construido tras el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza, con la insinuación de que la oposición podía estar detrás del hecho, subestima la inteligencia del ciudadano común y banaliza una de las mayores preocupaciones de la población, como la inseguridad.
A la pasividad –cuando no complicidad– frente al narcotráfico y el crimen organizado, y al aliento del impuesto inflacionario como remedio para evitar la reducción del gasto público, se sumó en los últimos días la comprobación de la lamentable situación sanitaria de poblaciones enteras. Basta como ejemplo el spot televisivo de un candidato a intendente de Tafí Viejo por el Frente de Todos, que propuso un plan para que todos puedan “cagar en un baño decente”.
Se trata de un spot cuyo mensaje tiene por contexto el hecho de que más de mil familias de esa localidad no tienen agua ni baño. La única verdad es la realidad y lo cierto es que la decadencia que desnudan mensajes como ese y amenazas contra las instituciones como las formuladas desde la coalición gobernante invitan una vez más a los líderes de la oposición a extremar su responsabilidad.
