A las 22:01 de ayer lunes, ingresó en la Oficina de Gestión de Audiencias por parte del abogado Dr. Gustavo Morales una denuncia penal en los términos del artículo 146 del Código Procesal Penal de Tucumán, en concordancia con el artículo 25, en contra del legislador del Partido Justicialista, Jorge Yapura Astorga, por el presunto delito de “tráfico de influencias” previsto y penado en el artículo 256 bis del Código Penal.
Esta denuncia penal fue promovida y motorizada gracias al trabajo periodístico de Tucumán Despierta, acerca de la confirmación sobre el hecho de que el ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador, Jorge Yapura Astorga, sería el ejecutor del golpe institucional en contra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Y es que la nota periodística de este medio, junto con la publicación de las correspondientes actas de la comunidad diaguita, alertaron y posibilitaron que un abogado realizara la mencionada denuncia.
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Cabe recordar que Jorge Yapura Astorga se encuentra actualmente procesado y elevado a juicio oral por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Coautoría De Los Delitos De Incumplimiento De Los Deberes De Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita. A pesar de la gravedad de los delitos por los cuales Yapura Astorga deberá sentarse en el banquillo de los acusados, sigue ocupando su banca, “protegido” por los demás integrantes de la legislatura, que miran para otro lado.
En lo que hace a la denuncia penal presentada, cabe recordar que el hecho consiste en que en los primeros días de febrero del año 2021 el legislador habría hecho valer su condición de funcionario público, para que caciques de comunidades originarias, entre ellos Santos Eugenio Pastrana, efectuarán ante la legislatura de la provincia de Tucumán, un pedido de juicio político en contra de la titular de la Corte Suprema local, Dra. Claudia Sbdar y del vocal del alto tribunal Dr. Daniel Posse.
La finalidad única, habría sido la de forzar con esta petición la renuncia de ambos magistrados, maniobra de la que también habrían participado el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, y un abogado sexagenario. Es por ello que en la denuncia se advierte que la conducta desplegada por Jorge Yapura Astorga encuadra la figura del artículo 256 del Código Penal conocido como “tráfico de influencias”.
En la denuncia se ofrece como prueba la publicación de Tucumán Despierta: https://tucumandespierta.com/confirmado-yapura-astorga-seria-el-ejecutor-del-golpe-institucional-a-la-corte/ , y una serie de fotocopias simples de dos actas de la comunidad diaguita de Tafí del Valle. Y es que este medio tuvo acceso exclusivo al acta de la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí, del día 12 de febrero, dónde los delegados de base, rechazan el accionar del cacique Santos Pastrana y manifiestan que la decisión unilateral que tomó el cacique Pastrana tiene un claro por qué.
Y es que se debe a intereses políticos y económicos del legislador Jorge Yapura Astorga, quien instó estas acciones. Estas actas, configuraron las pruebas que demostrarían que el legislador sería el ejecutor del golpe institucional a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Se trata de la denuncia que llevó a cabo la comunidad indígena del pueblo diaguita del valle de Tafí. Pero resulta ser que no habría contado con la autorización del consejo.
El mismo, está integrado por un total de 14 miembros de dicha comunidad. De hecho, con esa contundencia y claridad, queda expuesto en el acta que publicó Tucuman Despierta, que ellos rechazan las acciones del cacique Santos Pastrana en contra de la Corte y acusan a Yapura Astorga de haber instado estas maniobras. Acerca del pedido de juicio político, en el acta se deja en claro que para la misma “no fue consultada la comunidad, su asamblea de base, ni el consejo de delegados”.
Por esta razón, manifestaron “no estar de acuerdo en la forma en que se están llevando a cabo dichas acciones que claramente son de índole personal de parte del cacique Pastrana. En este caso, no hubo consulta previa e informadas las asambleas”. “Dicha decisión se toma básicamente debido a que hay intereses políticos y económicos del legislador Jorge Yapura Astorga, quién instó estas acciones”, dijeron por escrito en el acta a la que accedió Tucumán Despierta.
Esto significa que, si el cacique Santos Pastrana no habría cumplido con los requisitos de su comunidad, debido a que habría actuado de forma personal, como mencionan ellos mismos en el acta, no tendrían validez los pedidos solicitados en la Legislatura. Es por ello que la publicación de este medio acerca de este accionar de Yapura Astorga, impulsó la denuncia penal que presentó oportunamente anoche el abogado Gustavo Morales.
