La causa contra dirigentes piqueteros por extorsión a beneficiarios de planes avanzó en las últimas horas con la presentación en la Justicia de algunos de los acusados. En su declaración, Jeremías Cantero, el número 2 del Polo Obrero, reconoció que se les cobraba dinero a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, aunque aseguró que esos aportes eran voluntarios.
Según pudo reconstruir TN en base a diversas fuentes, los pagos de los beneficiarios “nunca superaban el 2% del plan (social)” y según sostuvo Cantero y su defensa, esos supuestos aportes voluntarios se decidían en las asambleas.
El dirigente del Polo Obrero coordinaba el funcionamiento de varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran “Rivadavia 1″; La Carbonilla y Mariano Ferreryra y está acusado de tomar decisiones respecto de “las exigencias coactivas y extorsiones a las víctimas”. En su defensa, Cantero sostiene que no se trató de amenazas sino de colaboraciones voluntarias.
Ese aporte, que en la causa se describe como cápitas, se utilizaba para “el sostenimiento de los comedores”, es decir, cubrir alquileres, fletes y depósitos, entre otros gastos operativos de los comedores.
El número 2 del Polo Obrero reconoció que les cobraban plata a los beneficiarios del Potenciar Trabajo
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En su presentación, Cantero negó además la existencia de un sistema de multas para quienes no participaran de marchas y piquetes, argumentando que el Polo Obrero no tiene la capacidad de dar de baja un plan Potenciar Trabajo.
En el expediente hay chats, conversaciones y escuchas que para el fiscal Gerardo Pollicita prueban la extorsión de estos dirigentes a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Luego el juez federal Sebastián Casanello le dio un giro a la causa y comenzó a investigar a Eduardo Belliboni por supuesta defraudación millonaria al Estado nacional al desviar parte de la plata del Potenciar Trabajo a empresas investigadas por hacer facturas truchas.
La ronda de indagatorias a integrantes y dirigentes del Polo Obrero acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios del Potenciar Trabajo había comenzado la semana pasada. Se trata de la misma causa en la que se investiga una posible defraudación al Estado por parte de la organización que conduce Eduardo Belliboni al desviar parte de los millones que les bajaba el exministerio de Desarrollo Social a dos empresas acusadas de hacer facturas truchas.
De las cuatro dirigentes del Polo Obrero que debían declarar la semana pasada, solo una aceptó responder preguntas: se trata de Elizabeth Galindo Mamani, que cumplía el rol de “delegada” en uno de los comedores que manejaba la organización. Según pudo saber TN, la mujer reconoció que le exigía a los beneficiarios un porcentaje de lo que cobraban del Potenciar Trabajo.
Mamani cumplía tareas en el comedor “Rivadavia 1″y tenía una misión asignada: cobrar las cápitas. Así lo muestra una de las capturas de mensajes expuestas en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita: “Hola compañeros, paso a recordarles que mañana estaré cobrando las capitas del Potenciar de 08.30 a 14.30hs. Ponerse al día”. En otras palabras, su función era cobrar una suma de dinero que se usaba para “sostener” al comedor. Lo cierto es que el destino final de esa plata es por ahora un misterio.
Lo que busca confirmar la Justicia es si el cobro de un porcentaje del plan Potenciar Trabajo fue una acción aislada o coordinada en todo el país. Para uno de los investigadores hay datos de sobra que prueban que el Polo Obrero llevó adelante una acción sistemática de cobro ilegal de cápitas.
Tras Cantero, la indagatoria seguirá este miércoles 19 con Elizabeth del Carmen Palma, que en una de las escuchas en la causa muestra su preocupación ante la posibilidad de que se investigue por lavado de dinero a la cooperativa El Resplandor Limitado, vinculada al Polo Obrero. La Justicia cree que parte de la plata que se le sacaba a los beneficiarios iba a parar a esta cooperativa.
El 25 de junio será otro día clave en el caso: tendrá que declarar Belliboni, líder del Polo Obrero; Maria Dotti, a la que le secuestraron 54 mil dólares en el allanamiento en su casa y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, investigada por hacer facturas truchas para justificar gastos inexistentes del Polo Obrero.
