No es algo normal que se caiga una ley después de ser aprobada, pero en la Argentina de 2024 nada es normal. Un ejemplo de anormalidad, para no hablar de los insultos del Presidente a los legisladores cuyos votos reclamaba, es esta misma ley. No todo el mundo se acuerda de que después viene la votación artículo por artículo, un trámite casi siempre consecutivo, no esta vez en la semana que se fue para jamás volver.
Una cosa es que una ley no consiga respaldo suficiente para ser aprobada y la Cámara baja la rechace, y otra cosa, por demás infrecuente, es que ya aprobada sucumba en la instancia del acabado fino. Se supone que, si se consiguen los votos para la aprobación en general de una ley, después, cuando se discuta el texto en detalle, será más sencillo lograr mayorías circunstanciales. O por lo menos es de esperar que se logren consensos después de pulir una parte de los artículos.
Hay que empezar todo otra vez. Como con la ley ómnibus se anunció hasta el cansancio que el tratamiento en particular traería la extraña novedad de que no estaban cerrados previamente los acuerdos políticos y que esos acuerdos serían buscados directamente en el recinto, lo lógico era suponer que por lo menos los estrategas del gobierno ya le habían echado un vistazo al artículo 155 del reglamento.
Es decir, sabrían que a esa altura del proceso legislativo un tropezón no significa una oportunidad para tomar agua y volver, sino que quiere decir, lisa y llanamente, game over. Resulta que ni el ministro del Interior ni el presidente del bloque oficialista habían leído el reglamento de la cámara. Guillermo Francos y Oscar Zago dejaron constancia de lo que erróneamente creían en declaraciones públicas contemporáneas con el entuerto: que si la ley volvía a comisión la aprobación general seguía teniendo validez.
¿Habrán contagiado también con su error al Presidente, quien difícilmente haya llevado a su viaje por Jerusalén el librito azul del reglamento de la Cámara de Diputados? El traspié informativo del ministro y del diputado responsable de conducir in situ a la bancada oficialista tal vez podría incitar a la pregunta de cómo se pertrecha el oficialismo para su estrategia parlamentaria. Pero antes habría que preguntarse si tiene el gobierno alguna estrategia parlamentaria.
Los legisladores veteranos dicen que es raro afrontar una votación en particular (en la jerga se dice “bajar”, que significa bajar al recinto) sin tener arreglados previamente los acuerdos políticos sobre los puntos más polémicos del articulado. Sin embargo, cabe preguntarse otra cosa: ¿El presidente Javier Milei buscaba la aprobación de la ley ómnibus? ¿O habría sido parte de una estrategia para lograr hacer crecer el apoyo de la sociedad en contra de lo que él llama casta?
A la vez, la atmósfera política se contaminó en las últimas horas más de lo que ya estaba. Lo muestra el auge de la palabra traidor, un inesperado homenaje de la cultura libertaria al léxico incandescente del peronismo setentista. En sus implacables acusaciones públicas desde Israel, Milei parece haberse enfocado en el sector llamado dialoguista, lo cual podría decirse que también constituye una anomalía de la hora.
Se les llama dialoguistas a los que dialogan con el gobierno, lo que excluye al peronismo-kirchnerismo y a la izquierda, amigos de la confrontación callejera. El concepto parece estar más justificado en el contexto de una dictadura que en el de la democracia, donde se supone que nadie debería estar contra el diálogo, pero en cualquier caso no habría que confundir diálogo, negociación y búsqueda de acuerdos con alineamiento incondicional, por más que el gobierno haya ganado las elecciones con un porcentaje extraordinario.
Tampoco se trata acá de una disputa entre buenos y malos, apegados unos a la sacra palabra empeñada y rompedores seriales de acuerdos, traidores consuetudinarios, los otros. Hay antes que nada un desorden visible en el tablero, la política, desapego a los reglamentos y las costumbres, mezcla de impericia con fogosa determinación a la que algunos llaman autoritarismo. Está visto que eso afecta la calidad de las negociaciones, la confianza y los procesos institucionales.
Milei tiene derecho a considerar que Carolina Píparo, su excandidata a gobernadora bonaerense y por unas horas directora ejecutiva de la Anses, lo traicionó. Ese es un asunto que el oficialismo merece resolver de acuerdo con la disciplina partidaria que le apetezca, independientemente de que el partido venere la libertad en sentido doctrinario. Algo distinto es empaquetar en la peyorativa categoría predilecta, la casta, a todos los diputados que votan “contra el pueblo”, según él, o que tienen divergencias. Es el peor discurso peronista, pero al revés.
Al final del día la impericia oficial resulta desconcertante. ¿De verdad el ministro del Interior y el jefe de la bancada oficialista no sabían que la ley ómnibus se caía si volvía a comisión? La incredulidad auspicia teorías estrafalarias: “hicieron caer la ley a propósito para gobernar con DNU”; “va a gobernar con plebiscitos”, “quiere cerrar el Congreso”. La renovación de la incertidumbre para nada ayuda.
Lo cierto es que la retirada de la ley de manera intempestiva, un hecho que algunos interpretan como accidental producto del desconocimiento del reglamento, se corresponde, no obstante, con el impulso mileísta de “si no es todo, es nada”. Puede hasta ser, incluso, el desenlace de una escena planificada. “Con la casta no se puede…vamos a gobernar por la nuestra”. ¿Impericia o perversa estrategia política? Un cálculo frío y premeditado para entrar en una segunda fase: gobernar prescindiendo de los legisladores.
La crisis como oportunidad. Milei busca exponerlos. mandar a todos a la misma bolsa, emparentar a los dialoguistas con el kirchnerismo, mostrar cómo actúa la casta. Pone foco en las elecciones de medio término. Que la casta parlamentaria muera en su ley, que pague el precio en las urnas. Al ras de la tierra la caída de la ley se interpreta como una crisis de consecuencias impredecibles, pero quienes se sienten amparados por “las fuerzas del cielo” la están viendo desde otro lugar.
Una democracia liberal permite abrir canales de diálogo y de convivencia, de madurez política, es lo que requiere una sociedad que está al límite de su paciencia, con una realidad económica que la castiga con dureza. Si hay algo que no necesita es continuar abrazada a alguna forma de populismo, de derecha o izquierda, que solo sirve para entronizar líderes, generar fanatismo y divisiones, pero que nunca supo aportar soluciones definitivas.
El cambio elegido en noviembre, más allá del modelo económico que rotundamente fracasó, también pasaba por ahí, dejar de lado los antagonismos para construir dialogando, porque en nuestro sistema político las imposiciones tarde o temprano fracasan, siempre. El kirchnerismo fue autoritario para imponer su agenda y ese modelo caducó. Hoy es necesario que oficialismo y oposición recompongan ese diálogo ausente durante tantos años.
