El Tribunal de Cuentas (TC) cerró una auditoria iniciada en noviembre de 2023 y advirtió presuntas anomalías en el área de Juegos de la Caja Popular de Ahorros (CPA). Según el informe, el ente crediticio mantiene una deuda con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) por un monto superior a los $3.000 millones por la falta de envío de fondos entre 2020 y 2023. En cambio, en la CPA afirmaron que se trata de un acto de revancha del presidente del TC por una denuncia penal en contra de un familiar suyo.
A partir de un informe de los auditores, los miembros del TC, Miguel Terraf (presidente) y Sergio Díaz Ricci (único vocal firmante por la licencia de Marcelo Vidal), resolvieron iniciar un juicio de responsabilidad en contra del interventor de la CPA, José César Díaz. Además, pusieron en conocimiento de la Justicia sobre “los hechos y la documentación” obtenidos en la investigación administrativa, ante “la eventual comisión de ilícitos, como violación de deberes de funcionarios públicos o malversación de caudales públicos”.
Tras el la resolución, el subinterventor de la CPA, Darío Amatti, aseguró que este proceso “demuestra la animosidad, parcialidad e ignorancia del TC, esta vez en la interpretación de la ley que establece la forma en que parte de los fondos provenientes del juego deben ser destinados al Siprosa”.
“Grave irregularidad”
La auditoría en el Área de Juegos de la Caja Popular se originó en noviembre de 2023. Según el acuerdo 2.492, dictado esta semana, los auditores requirieron informes tanto a la CPA como al Siprosa para determinar si se había cumplido con el envío de fondos fijados por la normativa vigente a través del Área de Juegos.
Además, al expediente se incorporaron notas y una carta documento en la que desde el Sistema de Salud se intimaba al ente crediticio a efectivizar la partida “correspondiente al 25% del Resultado Bruto del Sector Juegos”.
El TC tomó en cuenta el informe de los auditores, quienes advirtieron “una grave irregularidad por la conducta reiterada de incumplimiento incurrido por la CPA” respecto al envío del 25% del resultado bruto del sector juegos entre 2020 y 2023, por un monto “que ascendería a $ 3.381 millones, con mas sus respectivos intereses por mora”, consigna el acuerdo 2.492. En su análisis, el organismo de control consideró que esos fondos “hubieran permitido atender con mayor eficacia” las crisis por la covid-19 y por el dengue.
Respuesta de la CPA
Amatti afirmó que, “en su afán de extorsionar a las autoridades de la CPA, el Tribunal de Cuentas cambió de criterio y exige a la institución que se aparte de su Carta Orgánica y aporte los fondos provenientes del Juego (al Siprosa), sin tener en cuenta gastos ni costos”. El subinterventor aseguró que la “acusación es mal intencionada y roza lo ilícito”. Y remarcó que la Caja y el Siprosa firmaron un convenio a través del cual el ente crediticio “se hace cargo de financiar la construcción de un centro de atención para pacientes con trastorno del espectro autista con fondos provenientes de la explotación del juego, y que corresponden al Siprosa, con debida intervención del Tribunal de Cuentas”. Añadió que el Sistema de Salud adeuda a la Caja desde 2015 unos $700 millones “por ocultar de manera intencional la información de la base de cálculo para el cobro de ART”, y que “este daño patrimonial jamás motivó un juicio de responsabilidad”. Incluso, dijo que el propio TC tiene una deuda con la Caja por esta cuestión. “Seguramente esta payasada en contra de Díaz es un capítulo más en la intentona de Terraf para que se desista de la denuncia penal iniciada por el desfalco cometido por su yerno Esteban González, por una cifra que actualizada rondaría los $200 millones”, dijo.
