El domingo pasado, tucumandespierta.com reveló la responsabilidad patrimonial que recae sobre el ex delegado comunal de El Manantial, Juan Carlos Bernard, quien debe devolver en su calidad de ex comisionado comunal en el período reclamado una cifra contundente de nada menos que más de $151 millones de pesos. Asimismo, en la semana que pasó para jamás retornar, dimos cuenta también acerca de otros $37 millones que brillan por su ausencia a la hora de rendir cuentas en la comuna citada.
Pero la localidad de El Manantial es apenas la punta del iceberg de una situación que se repite en otras comunas del interior de provincia, y que la investigación llevada a cabo por Tucumán Despierta sobre las mismas, permiten que mostremos a la opinión pública cómo se manejan los dineros públicos, los cuales navegan en un océano de aguas turbias y mucha impunidad desde hace varios años.
En este caso, se trata de la comuna de San Pablo y Villa Nougues ya que, en un primer acuerdo, el N° 344 del 22 de febrero de este año, se establece que, según el expediente Nº 1958-270-RCCR-2023, existen Fondos Pendientes de rendir de las mencionadas localidades, correspondiente al último bimestre del año 2021, sobre Comprobante de Observación Nº 1155 por un importe $5.886.119,49, una cifra que no fue rendida en el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Ahora bien, el Juan Carlos Bernard de este caso tiene nombre y apellido: se trata de Sergio Luis Castro, quien se desempeñaba en el período sobre el que no rindió fondos, como comisionado comunal de San Pablo y Villa Nougues. A causa de esta irregularidad sobre la cual el sindicado no da la cara, el Tribunal de Cuentas de Tucumán dispuso la Apertura de un Sumario de Cuentas.
Lo cierto es que los fondos que faltan, excederían por lejos la cifra conocida en el acuerdo expuesto anteriormente, ya que hablamos de una suma de más 30 millones de pesos. Esto se debe a dos acuerdos más que echan luz sobre las tinieblas en las que se mueven los inescrupulosos que manejan los dineros públicos de las comunas del interior de la provincia y que nuestro medio saca de la oscuridad por medio de esta investigación.
Uno de los restantes dos acuerdos, en este caso, el N° 444 del 27 de febrero del año pasado, dispuso la sustanciación de un Sumario de Cuentas en la Comuna Rural de San Pablo y Villa Nougues, por la falta de regularización del Comprobante de Observación Nº 221, por la suma de $4.823.897,12, cifra correspondiente al segundo bimestre del 2018. Nuevamente se encuentra involucrado Sergio Luis Castro, sobre el que se dispuso la apertura de un Juicio de Cuentas en su contra.
Por último, el acuerdo N° 1352 del 4 de abril del año pasado, también dispuso la sustanciación de un Sumario de Cuentas en la Comuna Rural de San Pablo y Villa Nougues, por la falta de regularización del Comprobante de Observación Nº 5213 (5º bim/17) por la suma de $8.131.524,16; Nº 5042 (6º bim/17), por la suma de $3.278.419,09 y Nº 4864 (3º bim/2017), por la suma de $5.812.627,52, todo lo que asciende a la suma de $17.222.570,77.
Pero en este caso, se dispuso la sustanciación de un Juicio de Cuentas por la falta de regularización de los saldos pendientes ya no sólo contra Sergio Luis Castro en su carácter de comisionado comunal de estas localidades, sino también en contra de su propio hermano, es decir, Daniel Fernando Castro, en su carácter de Comisionado Comunal de la Comuna de San Pablo y Villa Nougues en ese período.
En definitiva, se trata de tres grandes irregularidades que no hacen más que acentuar una situación que se repite, ya no tan sólo en lo que hace a la forma en la que “desaparecieron” cuantiosos fondos públicos de las arcas de comunas en el interior provincial. Sino que, además, al igual que en el caso de Juan Carlos Bernard en El Manantial, luego ocupan un cargo en el Gobierno provincial, lo mismo ocurre en lo que hace a el caso presentado hoy por Tucumán Despierta.
Y es que Daniel Fernando Castro forma parte del Ministerio del Interior de la provincia. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Acaso no debería contar con un certificado habilitante para ingresar a la función pública como lo indica textualmente la ley 7242? Cabe recordar que la misma sentó las bases para crear el “Registro de Sanciones e inhabilitaciones de la Administración Pública”, mediante la cual se designó como autoridad de aplicación al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Pero más allá del certificado habilitante, ¿Es ético que se nombren funcionarios públicos que deben rendir cuentas del destino que tuvieron cientos de millones de pesos?
El art. 2º de la ley 7242, a su vez, dispone algo clave, que es el hecho de asentar en forma obligatoria la totalidad de las sanciones emergentes de la ley de administración financiera, las inhabilitaciones dispuestas en sede legislativa y judicial impuestas a empleados, funcionarios y demás estamentos de la administración pública centralizada, descentralizada, organismos autárquicos y comunas rurales. ¿Qué pasó entonces con todas aquellas consideraciones sancionatorias en torno a estos funcionarios?, ¿Acaso desaparecieron?, ¿o directamente el organismo de control, o sea el Tribunal de Cuentas de la provincia no registró todas las sanciones derivadas de las gravísimas irregularidades encontradas por cientos de millones de pesos?
En su artículo 3º la mencionada ley hecha más luz sobre esta cuestión. Y es que establece la obligatoriedad por parte de cualquier autoridad pública de la Provincia de obtener en forma previa a la incorporación de agentes para cargos públicos, bajo cualquiera de sus formas, el pertinente “certificado de habilitación” que sólo podrá ser expedido por la autoridad de aplicación, o sea, el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Es por ello que cabe preguntarse: ¿Ostenta este certificado Daniel Fernando Castro? De ser así, ¿Cómo puede tenerlo? Sobre todo, considerando las gravísimas irregularidades en las que habría incurrido, de acuerdo al mismísimo Tribunal de Cuentas. En ese caso, ¿Cómo puede ser que se lo hayan otorgado?
Les recordamos a nuestros lectores, que en el art. 4º, se establece como causal de exoneración de la administración pública, de juicio político y/o de cualquier otra forma de separación de la función pública para aquel agente, funcionario público, en el sentido más amplio, que no cumpliera con las disposiciones de la presente ley. Justamente, queda claro aquí, que a todas luces Daniel Fernando Castro no debería ocupar un cargo en el Gobierno provincial.
En el caso de Juan Carlos Bernard, el responsable que siga ocupando el cargo de subsecretario de Comercio Interior de manera totalmente contraria a derecho, es justamente el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia Regino Amado, quién mantiene un sospechoso “silencio”.
En el caso de Daniel Fernando Castro, la pregunta que requiere de una respuesta urgente es ¿Quién lo llevó a ocupar el cargo que ostenta en el gobierno? ¿Los ministros que los nombran les deben algo? ¿Será que lo hacen por “amiguismo” ?, o ¿Tal vez por algunos tipos de intereses en común? ¿O será porque a sabiendas que la justicia no funciona en la provincia cuando se debe juzgar a los políticos de turno, hacen lo que quieren? Son muchas las preguntas, pero el silencio de los que deben dar la cara es vergonzoso desconociendo tal vez, que se convierten en responsables penalmente con sus silencios.
Recordemos que en el Art. 147 el código procesal penal de Tucumán expresa textualmente: Obligación de denunciar, se señala que “tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, salvo el caso que pese sobre ellos el deber de guardar secreto impuesto por la Ley”.
Continúan los interrogantes, ¿Qué sucede con la Justicia provincial?, ¿Por qué no actúa de oficio? ¿Acaso existe “protección” para los hermanos Castro y Juan Carlos Bernard a pesar que nuestro medio denunció públicamente muchas irregularidades cometidas por cientos de millones de pesos? ¿No están enterados en el Poder Judicial de los hechos que deberían investigar de estos funcionarios?
¿Se hará cargo el Tribunal de Cuentas de la responsabilidad que le compete en este gravísimo asunto o se lavarán las manos? Porque ese tribunal debe denunciar en la justicia cuando detectan que el erario público está siendo vulnerado.
Desde este medio nos preguntamos hace siete días lo mismo que hoy:
¿Será Justicia alguna buena vez o seguirá ganando la impunidad en Tucumán? ¿Cuántos Bernard y hermanos Castro más existen en las comunas del interior?
¿Tucumán Despierta estará abriendo una “caja de pandora” en la provincia?
El tiempo lo dirá…
