En exclusiva y como sólo te lo viene informando nuestro medio, único de la provincia que te muestra la “desaparición” de los dineros públicos.
Luego de que el pasado miércoles, tucumandespierta.com, revelara cómo se sumaron otros 37 millones a los 151 millones que dejó sin rendir en la comuna del Manantial el actual subsecretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Carlos Bernard, ahora el escándalo alcanzó una nueva cima en su carrera por hacer “desaparecer” los dineros públicos de la mencionada localidad.
Hoy ponemos en conocimiento de la opinión pública la información acerca de que se desconoce el destino del presupuesto completo del 2023 enviado por la provincia al entonces delegado y actual subsecretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Carlos Bernard.
Así se traduce de acuerdo a lo expuesto en el acuerdo N° 1135 del pasado 11 de abril, donde el Tribunal de Cuentas de la provincia acordó “disponer la sustanciación de un Sumario de Cuentas en la Comuna Rural de El Manantial, por la falta de presentación de los balances y rendiciones N° 2°, 3°, 4°, 5° y 6° correspondientes al año 2023”.
Desde Tucumán Despierta tuvimos acceso a los acuerdos N° 4578 y N° 5320 del Tribunal de Cuentas de la provincia, donde desde el año 2019 el ex delegado comunal ya se encontraría en el Registro de Sanciones de dicho organismo.
De hecho, lo cierto es que Juan Carlos Bernard no debería contar con un certificado habilitante para ingresar a la función pública como lo indica textualmente la ley 7242, la cual sentó las bases para crear el “Registro de Sanciones e inhabilitaciones de la Administración Pública”, mediante la cual se designó como autoridad de aplicación al Tribunal de Cuentas de la Provincia. El ART. 2º, a su vez, dispone algo clave, que es el hecho de asentar en forma obligatoria la totalidad de las sanciones emergentes de la ley de administración financiera, las inhabilitaciones dispuestas en sede legislativa y judicial impuestas a empleados, funcionarios y demás estamentos de la administración pública centralizada, descentralizada, organismos autárquicos y comunas rurales. ¿Qué pasó entonces con todas aquellas consideraciones sancionatorias en torno a este funcionario?
Continúa, y en su artículo 3º hecha más luz sobre esta cuestión. Y es que establece la obligatoriedad por parte de cualquier autoridad pública de la Provincia de obtener en forma previa a la incorporación de agentes para cargos públicos, bajo cualquiera de sus formas, el pertinente “certificado de habilitación” que sólo podrá ser expedido por la autoridad de aplicación establecida por el Artículo 1º, en forma gratuita.
Es por ello que cabe preguntarse: ¿Ostenta este certificado Juan Carlos Bernard? De ser así, ¿Cómo puede tenerlo? Sobre todo, considerando las gravísimas irregularidades en las que habría incurrido, de acuerdo al mismísimo Tribunal de Cuentas. En ese caso, ¿Cómo puede ser que se lo hayan otorgado? Pero, además, queda claro que este “error” puede ser subsanado después de haber hecho “la vista gorda” ante tanto desaguisado.
Y es que, de acuerdo al ART. 4º, se establece como causal de exoneración de la administración pública, de juicio político y/o de cualquier otra forma de separación de la función pública para aquel agente, funcionario público, en el sentido más amplio, que no cumpliera con las disposiciones de la presente ley. Justamente, queda claro aquí que a todas luces Juan Carlos Bernard debería ser echado inmediatamente del lugar que ocupa ahora en el Gobierno provincial. La pregunta obligada que surge es, ¿qué están esperando para hacerlo?
Agradecemos al programa Tucma_TV conducido por el periodista Roque Galeano, por haber sido el único canal de difusión en dar visibilidad al trabajo que viene realizando nuestro medio de comunicación. Compartimos la entrevista realizada a nuestro director relacionada a las graves irregularidades encontradas en la comuna del Manantial.
No se puede eludir más la responsabilidad de Regino Amado en todo esto, ya que claramente es él quien sigue manteniendo a este nefasto personaje en el cargo que hoy ocupa como subsecretario de Comercio Interior de Tucumán. Es decir, ¿Ejercerá Regino Amado como ministro de Justicia? o ¿Acaso se trata de algo irónico? ¿Un chiste de mal gusto tal vez? ¿No sería más apropiado considerar a Regino Amado ministro de la impunidad?. Recordamos que el mismo día que fue declarado patrimonialmente responsable de más de $151 millones de pesos, el ministro lo recibió en su despacho de la casa de gobierno.
Por otro lado, ¿qué sucede con la Justicia provincial?, ¿por qué no actúa de oficio? ¿acaso existe “coronita” para Juan Carlos Bernard? ¿existe alguna “bajada de línea” para que no se mueva un solo dedo que pueda afectar al “protegido” por Regino Amado? ¿será que los tentáculos del Ministerio de Justicia llegan a dejar maniatado a todos los funcionarios de ese poder? ¿no están enterados en el Poder Judicial de las graves irregularidades cometidas contra el erario público por este funcionario?
Además, está el Tribunal de Cuentas, sobre el cual se desconoce si realizó las denuncias correspondientes. Y es que, Juan Carlos Bernard no presentó rendición de todo un presupuesto anual de cientos de millones de pesos, ¿acaso no es causal para que este organismo denuncie tamaña irregularidad? ¿que sería entonces, un simple desliz? ¿se hará cargo el Tribunal de Cuentas de la responsabilidad que le compete en este gravísimo asunto o se lavará las manos como Pilatos?
Cabe señalar que no se trata de cifras vacías de significado, sobre todo, en una coyuntura económica grave como la que atraviesa el país, ante tantos recortes para sobrellevar la crisis que realiza el gobierno, ¿acaso no les importa saber qué hacen con el dinero público algunos delegados comunales?
En medio del peor brote de dengue del que se tenga recuerdo, ¿Cuántas vacunas se podrían haber comprado y administrado a los tucumanos tan sólo con los cientos de millones de pesos que no aparecen en la comuna de El Manantial?
¿Cuántos comedores podrían estar llenos de alimentos para que cientos de niños tucumanos tengan qué comer? Lo cierto es que, en definitiva, la impunidad y la corrupción se estaría llevando la comida y las vacunas de los que menos tienen. ¿Hasta cuándo? ¿Acaso no debería estar intervenida la comuna de El Manantial ante tantas irregularidades? Más aun considerando que Bernard dejó allí a quien sería su hermana. ¿La intención del sindicado sería la de continuar tapando todas las irregularidades que se cometieron en los años que él estuvo a cargo?
Sólo en Tucumán pueden funcionar comunas sin saber qué destinos se les dio a un presupuesto de un año entero de cientos de millones de pesos del erario público, sin que ni siquiera el organismo de control conozca esos destinos y la Justicia mire sin intervenir de oficio.
¿Será Justicia alguna buena vez o seguirá ganando la impunidad en Tucumán?
