En la semana que se fue para jamás volver se conoció que lo que sigue brillando por su ausencia es el fin de la impunidad de la corrupción del clan Yapura Astorga en Tucumán, como si la dirigencia política y, sobre todo, la judicial desconociera que justo en la jornada de este domingo, asume como presidente Javier Milei, alguien que encarna el hartazgo de la sociedad para con la corrupción y la impunidad.
Y es que el resultado de las elecciones tuvo un claro significado en materia de ponerle fin a una serie de situaciones que colmaron la paciencia de la sociedad que descargó su “voto bronca” en las urnas. La sociedad en su totalidad le dijo no a una forma de gobierno, pero también hacia la impunidad, la corrupción, el desgobierno, la economía, etc. No obstante, no parece darse por aludida ni la dirigencia política y mucho menos la Justicia de la provincia de Tucumán.
Se trata de dos ámbitos que no tomaron debida nota del hartazgo social que impera en la sociedad y que el escrutinio de los votos puso en evidencia. En ese marco, el caso por escándalo más evidente de impunidad institucional en Tucumán lo conforma justamente, otro escándalo. Se trata del hecho de que un ex funcionario procesado por corrupción habría estado nombrado en la cámara legislativa por Jorge Yapura Astorga.
Se trataría del abogado Sergio Andrés Astorga, quien es primo del ex intendente de Tafí del Valle y ex legislador provincial, a pesar de estar elevado a juicio oral por delitos de corrupción y que la LEY 8.996 lo prohíbe. En ese marco, cabe señalar que este personaje está elevado a juicio oral por haber sido el director jurídico de la municipalidad de Tafí del valle cuando Jorge Yapura Astorga era el intendente.
En ese sentido, es menester dar cuenta de que el sindicado actualmente se encuentra elevado a juicio oral por los delitos de: – Delito/s: COAUTOR DE LOS DELITOS DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (ART. 248 CP); NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (ART. 265 CP); FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ART. 173 INC. 7 Y ART. 174 INC. 5 CP); MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (PECULADO) (ART. 261 CP) Y ASOCIACIÓN ILÍCITA (ART. 210 CP).
Justamente, en la misma causa de Jorge Yapura Astorga, la cual tiene suspendido el correspondiente juicio oral en contra del ex intendente de Tafí del Valle, junto con sus familiares/cómplices. Pero volviendo a Sergio Andrés Astorga, cabe recordar que, de acuerdo al Estatuto para el Personal que preste servicios remunerados en jurisdicción del Poder Legislativo, siempre de acuerdo a la LEY 8.996.
En su ARTÍCULO 11, el cual habla sobre impedimentos, es decir, que señala a aquellos que no pueden ingresar ni reingresar al Poder Legislativo, la cuestión es más que clara.
Y es que, sin ir más lejos, le cabe las generales de la ley, en cuanto a lo que hace al apartado 3 que indica que está impedido “el que tenga proceso penal pendiente o hubiere sufrido condena por delito doloso”. Lo cierto es que el escándalo se magnifica cuando se advierte que Sergio Andrés Astorga estuvo nombrado, habría cobrado años del Estado y no debió formar parte del Poder Legislativo como empleado de ninguna clase.
Demás está decir que es muy clara la ley que da cuenta acerca de quienes no pueden ingresar, y este nefasto personaje estaba y está todavía con proceso penal pendiente. Es por ello que cabe preguntarse qué es lo que aquí pasó. Es decir, ¿De quién es la responsabilidad? El sindicado es abogado, lo cual significa que conoce perfectamente las leyes. Entonces, ¿Por qué razón la violó Sergio Andrés Astorga?.
Además, surgen más interrogantes, ¿Acaso Jorge Yapura Astorga no sabía que su primo estaba en un proceso penal con él y que, por ende, no podía ingresar como empleado legislativo?. Como si esto fuera poco, también podemos preguntarnos, ¿Y las autoridades de la Legislatura no revisaron el certificado de buena conducta, documento excluyente para el ingreso en el caso de Sergio Andrés Astorga? ¿Quiénes más serían los cómplices de este abogado?.
Para colmo, es tan evidente este escándalo protagonizado por Sergio Andrés Astorga, que hasta figura en el Registro De Funcionarios Públicos Imputados En Delitos Contra La Administración Pública.
Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a fuentes consultadas por Tucumán Despierta, se están estudiando nuevas demandas penales, que pudieran corresponder, en contra de este abogado y también del ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga.
Esta situación insólita y bochornosa, que termina beneficiando nuevamente a la corrupción provincial, es posible debido a la inacción de la Justicia tucumana, ya que, hasta la fecha, el debate oral sigue “suspendido”. Y es que pareciera que para la Justicia provincial los delitos que se le endilgan y por los cuales deberá rendir cuentas ante la sociedad el legislador Jorge Yapura Astorga, no parecieran importarle al Poder Judicial.
Asimismo, está claro que la clase política se seguirá burlando de los tucumanos debido a que es inmensa la impunidad que le brinda la Justicia que nada le importa ya que ambos están enquistados en el poder desde hace años. Esto se debe al hecho, que una parte de la dirigencia política apoya a este tipo de inescrupulosos en vez de combatirlos. Lo cual es posible a causa de que la (in)Justicia local le brinda apoyo subterráneo por medio de la suspensión de juicios.
Pero también por medio de cajoneos de expedientes inapelables y de los que intentan proteger dotándolos de lisa y llana impunidad. De esta forma, lo cierto es que la realidad indica que el juicio en contra del clan Yapura Astorga continuará cajoneado ante la inacción y la mirada cómplice tanto de funcionarios políticos como de los judiciales dejando una sensación de que la Justicia no funciona, que es para proteger a los poderosos de turno antes de juzgar a alguien que fue intendente de Tafí del Valle y también se desempeñó como legislador provincial de manera descarada.
Y es que haberse enriquecido ilegalmente desde que asumió (2011) y haber realizado compras directas de mercaderías en el negocio de su pareja, con fondos públicos determinando según la instrucción que el grupo familiar tuvo un enriquecimiento injustificado de una cifra millonaria que lo convirtió, como narra el título de una película “De mendigo a Millonario”. ¿Más claro? Sólo si se echa nafta al fuego purificador de las malas artes de la política, sobre todo, la corrupción. ¿Algún fiscal investigará de oficio este grave hecho o la justicia mirará para otro lado?
¿Será Justicia…?
